Con voces a favor y en contra de una reducción en la edad de imputabilidad, coincidieron en que hay que prevenir abordando las condiciones sociales, sacarlos de la droga y conseguir instituciones más eficientes para su reinserción social.

Ricardo Rojas: "Se firmaron pactos internacionales impracticables"

El magistrado considera necesaria una baja en la edad de imputabilidad y que se pague por delitos que por ser menores son excarcelables, pero señala que por la reforma de la Constitución Nacional, que incorpora a los pactos internacionales, se necesitan dos terceras partes del Congreso para denunciarlos por esto. Sin embargo, aseguró que "las reformas apuradas siempre terminan mal", por lo que una modificación tendría que ser completa y no "más parches".

LM: Una vez que el menor es alcanzado por la ley penal, ¿qué propondría para el período de encierro y su posterior reinserción?
RR: Deberían realizarse las medidas tutelares, deberían cumplirse, pero en el 99% de los casos no se cumplen. El acompañamiento y el control deberían ser un poquito más activos.
Nuestros legisladores han adherido a un montón de convenios que a nivel internacional son sueños, porque no son cumplibles. Hay cosas que están hechas para Bélgica, Holanda, pero son impracticables acá, y más aún si se va teniendo en cuenta la lejanía: es difícil en capital, cuánto más en El Espinillo o El Potrillo. Si se cumpliera y tuviéramos las medidas tutelares, identificar al menor en situación de riesgo o abandono, podríamos tener otra solución.

LM: ¿Por qué considera necesario para nuestra sociedad bajar la edad de imputabilidad?
RR: Es necesaria una extensión de la responsabilidad. Los 14 años es una edad adecuada porque tiene una comprensión de lo que está bien y lo que está mal, y puede determinarse para respetar la norma o infringirla. Y, de la misma manera, tiene que tener la capacidad de recibir el reproche.

"Hoy la realidad social de la infancia no es ajena ni escapa a nadie, como tampoco el conocimiento que la actual ley vigente en la materia 22.278 y su modificatoria 23.803, sancionadas en 1980, son anacrónicas y obsoletas, encontrándose en franca contradicción con los actuales instrumentos de Derechos Humanos, Tratados y Convenciones Internacionales, de jerarquía constitucional y leyes nacionales como la 26.061 de Protección Integral de Niños/as y Adolescentes actualmente implementada.

De ahí la primera afirmación respecto a si es necesaria o no una reforma al actual Régimen Penal Juvenil, siendo mi respuesta absolutamente afirmativa".

"Ahora, a partir de dicha premisa, entiendo que la pretendida reforma debe partir de un acertado diagnóstico, como cualquier enfermedad que nos aqueja, si se busca una efectiva solución o cuanto menos acertada cura. Entonces, si el eje de la polémica se centra sólo en la 'edad', disiento con ello.
Desde mi experiencia, me permito opinar, teniendo en cuenta estadísticas que marcan el bajo índice de criminalidad imperante -estadísticas oficiales que advierten que, del total de delitos que son investigados por el Ministerio Público, 'sólo entre el 3,5 y el 5 por ciento tienen a menores de edad como autores', las estadísticas nacionales y de la provincia de Buenos Aires coinciden. Ahora, cuando hablamos de delitos graves contra la vida, ese 3 por ciento se reduce entre el 1 y el 1,5 por ciento, se asegura, y en particular en Formosa esas estadísticas se reducen aún más".

"El Estado debe enfrentar al crimen organizado, al narco y microtráfico de estupefacientes a través de la seguridad ciudadana, que involucre a la comunidad. La reciente creación del nuevo fuero del narcocrimen y del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA) en nuestra provincia, son medidas interesantes que hay que destacar en cuanto a todo lo que tenga que ver con el flagelo de la droga. Por supuesto que se hace necesario contar con una Ley Penal Juvenil en el orden nacional y también en las provincias dentro del ámbito de sus competencias", señaló.

Camila Banfi: "Hay una problemática social que debe ser abordada"

La fiscal de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi, dijo que hay "toda una problemática social que debe ser abordada", como parte de su punto de vista sobre si se debe o no bajar la edad de imputabilidad en el país, ante la consulta de La Mañana.

LM: ¿Está a favor de bajar la imputabilidad? ¿A cuánto y a qué tipo de delitos la aplicaría?

CB: Como sociedad creo que deberíamos tomar con mucha responsabilidad, sobre todo los que son operadores del sistema penal, esta situación que en este momento se está discutiendo que deba ampliarse la punibilidad para los menores o sea bajar las edades de punibilidad. No es tomar una postura de estar a favor o en contra sino tratar de lograr una solución respecto de, por un lado, estos jóvenes que ya están afectados por la ley y que tienen menos de 16 años y, por otro lado, el sistema integral debería pensar qué opciones de reinserción va a haber para esos jóvenes. Lo que puede llegar a ocurrir es que se baje la edad de punibilidad y vamos a tener comisarías que van a ser guarderías, porque van a haber muchos chicos muy chicos y a esos menores el Estado debe garantizarles alguna salida de reinserción, de reubicación o educativas o algún tipo de taller o alguna situación que lo pueda volver de alguna manera a integrar al sistema, a la sociedad.

LM: ¿Qué considera necesario hacer?

CB: Creo que es muy importante, primero, que se haga un análisis a fondo de la legislación que actualmente nosotros tenemos. Porque creo que la legislación que tenemos está de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional en el Art. 75 inciso 22, cuando Argentina asume esta responsabilidad como Estado de aplicar los pactos, y en este caso la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, por otro lado, dentro de nuestro derecho interno toda la legislación que tiene que ver con tutelar todas estas situaciones de minoridad.
Hay que hacer un análisis exhaustivo de esa legislación, creo que en ellas existen muchas de las respuestas que hoy la gente plantea o se pregunta, y creo que la solución no es bajar la edad de punibilidad.