Reducir los costos de contratación para las empresas, promover un blanqueo de trabajadores hoy no registrados, lograr un "empalme" entre planes sociales y empleos en la actividad privada, incentivar las prácticas formativas, renovar la letra de los convenios colectivos, ajustar clavijas para intentar disminuir el número de juicios en el mundo del trabajo.
De esas estrategias se habla por estos días en materia de mercado laboral, en un contexto en el cual ni la actividad económica ni consecuentemente el empleo dan aún muestras claras de un repunte que marque ya el inicio de un período de crecimiento. Si se parte de la primera condición necesaria, es decir, de un escenario con mayor actividad, ¿es posible incentivar la contratación de empleados con la aprobación de medidas como las mencionadas? ¿O los efectos posibles podrían estar más bien vinculados a la calidad de las ocupaciones o al nivel de ingresos?
Según fuentes del Gobierno y de la CGT, las conversaciones por alcanzar un consenso por un conjunto de medidas se centran en los cuatro primeros temas citados en el primer párrafo.
En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas jefes de la CGT, la exención sería sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si, por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagaría nada (por el concepto afectado) por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuiría sobre $ 2000.
¿Cuáles son y qué peso tienen las cargas laborales? Por un lado, de su salario bruto, el empleado aporta un 11% al sistema jubilatorio, un 3% a la obra social y otro 3% para el PAMI (según el caso, podría haber también aportes al sindicato; además, existe un tope para calcular los porcentajes citados). El empleador contribuye con un 6% para la obra social y con una alícuota de 17 o 21% (según la actividad) para el régimen previsional, el PAMI, el seguro de desempleo y las asignaciones familiares. La suma de aportes y contribuciones hace que de cada $ 100 que le llegan al empleado (si no está alcanzado por Ganancias), el costo total sea de unos $ 150, a lo cual hay que sumar conceptos como el seguro de riesgos laborales o pagos al sindicato eventualmente acordados.
Más allá de lo que se proyecta, hoy hay rebajas vigentes que fueron dispuestas por el gobierno anterior (que más de una vez recurrió a esas medidas). Por la ley 26.940, de 2014, para las microempresas con facturación anual de hasta $ 2,4 millones rige un sistema permanente por el que se paga el 50% de las contribuciones si se trata de empleados por tiempo indeterminado y el 75% por trabajadores a tiempo parcial (se excluye del descuento el pago a la obra social). Y por un régimen temporario (prorrogado hasta el 31 de julio próximo), para las pymes de hasta 15 empleados hay exención total de cargas a la seguridad social por el primer año de una relación laboral y un descuento del 75% por los segundos 12 meses. Si se trata de una empresa de entre 16 y 80 trabajadores, se descuenta la mitad de esa carga durante 24 meses.
Para Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), un problema con los costos es que hay un doble "ruido" en la competencia a la que se enfrentan las empresas que cumplen con sus obligaciones: por un lado -para el caso del sector de bienes transables-, está el hecho de que en otros países los costos son menores; por el otro, persiste una alta informalidad en la economía local. El abogado laboralista considera que una baja de las cargas serviría para alentar el nuevo empleo y para formalizar puestos; el proyecto de establecer un piso salarial "no contribuible", opinó, sería atractivo para sectores que son mano de obra intensiva y principalmente para las pymes, si la medida no se hace compleja.
"Hay que ver el caso de cada país; en general a nivel global hubo una desilusión en cuanto a la cantidad de puestos generados por bajar costos, pero sí hubo mejoras en la calidad" del mercado laboral, dice Christoph Ernst, especialista en Empleo y Desarrollo Productivo de la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según su visión, para decidir el destino de sus inversiones las empresas miran más los temas estructurales que los costos. "Se mira cómo se dan las relaciones laborales; por ejemplo, si hay muchos días de huelga, porque eso afecta la productividad y la producción", agrega.
Un trabajo de investigación publicado en 2010 por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad de La Plata, concluyó que "el argumento principal que justificó las rebajas entre 1995 y 1999 en la Argentina (que menores costos laborales aumentarían el empleo) no fue corroborado por los hechos". Sí se menciona que hubo efectos positivos en lo salarial y que se afectaron las cuentas públicas. El informe fue elaborado por los economistas Guillermo Cruces, Sebastián Galiani (hoy secretario de Política Económica) y Susana Kidyba
Más allá de aquellas conclusiones, Galiani envió días atrás una respuesta al sitio Chequeado.com que lo había consultado sobre la supuesta contradicción entre ese trabajo y las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la importancia de bajar los "impuestos al trabajo". Según Galiani, los estudios empíricos como el mencionado no pueden ser extrapolados "literamente a otras situaciones". Y agrega: "Si el mercado es competitivo, sabemos que parte de una baja de impuestos al trabajo se trasladará a salarios y otra a empleo". El funcionario cree que ahora, un estudio podría dar otros resultados porque la fuerza de trabajo es distinta.
Confiar o no confiar
La credibilidad de quienes gobiernan y la percepción de que las medidas tendrán continuidad en el tiempo son dos factores que definen el efecto posible de una decisión política como bajar costos laborales, según la opinión de Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). "Si hay superávit fiscal, si la situación es estable y no se percibe que la medida pueda revertirse, es probable obtener un impacto mayor", afirma. Y agrega que más efectivo que una baja de las cargas, y siempre en un escenario de crecimiento, sería facilitar el empleo temporario, aunque sin dejar que su participación sobre el total de puestos sea muy elevada.
"Las decisiones de contratar están ligadas al nivel de actividad", afirma Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la central obrera CTA, quien, al empezar a hablar del tema hace una aclaración para recordar qué se paga con los aportes y contribuciones: "No son impuestos al trabajo, sino salario diferido, por los derechos de la seguridad social" que deben financiarse.
Las obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones -que hoy representan, entre beneficios contributivos y sociales, casi la mitad del presupuesto nacional- son crecientes en el tiempo. Es así por cuestiones del momento como el plan de reparación histórica con la clase pasiva (que implica un reconocimiento de que se pagaron haberes inferiores a los debidos durante muchos años) y por razones de mediano y largo plazo, como el envejecimiento poblacional, que hará que suba la proporción de personas con un ingreso previsional sobre la población total, más aún cuando ese cobro se consolida como un derecho universal en una economía con alta informalidad.
¿Aliviaría los índices de empleo no registrado una reducción de los aportes o un plan de blanqueo laboral como el que prevé el Gobierno?
"Se podría pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico", opina Campos. Y explica: "La informalidad laboral es parte de una economía no registrada". Por tanto, se entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informalidad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema sería potenciar las ganancias de algunas empresas.
Entre los asalariados, la falta de registro afecta a 33,8% según los datos del Indec al tercer trimestre de 2016. Es un índice que lleva años casi sin variaciones. Hoy hay 9,33 millones de asalariados registrados, según informes del Ministerio de Trabajo y si se suma a los de los sectores público y privado, por lo cual la informalidad afectaría a unos