En plena temporada veraniega, con la ciudad repleta de turistas, el centro de Río de Janeiro se convirtió ayer en una zona de guerra. Violentos enfrentamientos estallaron entre la policía militar y empleados públicos que protestaban contra las medidas de ajuste con las que el gobierno estatal pretende evitar la bancarrota.

La manifestación de cerca de 2000 personas había comenzado pacíficamente al mediodía frente a la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj), que retomaba sus actividades después del receso de verano. En su agenda tiene la aprobación del severo paquete de austeridad acordado por el gobernador Luiz Fernando Pezão a cambio de recursos del gobierno federal. La mayoría de los participantes del acto eran trabajadores del sistema de salud, funcionarios del Poder Judicial, jubilados, empleados de empresas públicas y policías civiles que tienen sus sueldos atrasados al menos dos meses por la difícil situación financiera que atraviesa el estado como resultado de la crisis económica de los últimos dos años.

De repente, unos jóvenes encapuchados intentaron saltar las barreras que protegían la Alerj y fueron duramente reprimidos por la policía militar antidisturbios a los golpes, con gases lacrimógenos y bombas de estruendo. Lejos de contener el desorden, la revuelta se esparció por todas las calles del centro de la ciudad que el año pasado albergó los Juegos Olímpicos.

En medio de una batalla campal de palos, piedras y balas de goma, la gente corría a buscar refugio envuelta en densas humaredas, provocadas por el incendio de colectivos y tachos de basura. Los comerciantes de la zona se apresuraron a cerrar sus negocios y el tránsito fue bloqueado en toda el área debido a los dramáticos choques. La ola de violencia dejó por lo menos dos heridos y un detenido acusado de disparar un arma de fuego, además de numerosas agencias bancarias, quioscos de diarios y edificios públicos depredados.

En la mente de los cariocas, las escenas de vandalismo recordaron las que siguieron a las masivas protestas en todo el país en junio de 2013 en reclamo de mejores servicios públicos.

La recesión económica de Brasil golpeó de lleno a Río de Janeiro. Por la caída del precio del petróleo -una de las principales industrias estatales- y el freno de muchas actividades como consecuencia del escándalo de corrupción en Petrobras, el estado decretó la "calamidad financiera" a mediados del año pasado. El presidente Michel Temer envió asistencia inmediata para que la situación no dañara la imagen del país en aquel momento, pero luego entró en una dura negociación con las autoridades estatales para que aceptaran hacer un profundo ajuste a cambio de más ayuda financiera.

Finalmente, la semana pasada, el ministro de Economía, Henrique Meirelles, anunció un acuerdo con Pezão por el cual el gobierno federal daría unos 20.000 millones de dólares para enfrentar el agujero estatal de 8000 millones este año, 6000 millones en 2018 y 5000 millones en 2019. En contrapartida, el estado se comprometió a recortar personal, reducir gastos, privatizar la empresa estatal de saneamiento de agua y aumentar las contribuciones jubilatorias de los estatales.