Cada vez que los medios de comunicación se hacen eco de casos de inseguridad que involucran a menores de edad, revive y se reactualiza en la sociedad la discusión acerca de la imputabilidad de los jóvenes. La Mañana continúa con su consulta a especialistas sobre esta temática que divide aguas y que encarna la concepción misma de sociedad en la que queremos inscribirnos.
Aquí, las posturas de María Fátima Pando (Asesora de Menores e Incapaces de Cámara. Poder Judicial de la provincia), Jorge Enrique Padilla Tanco (Asesor de Menores por ante el Juzgado de Menores) y Martín Hernández (Diputado de la Nación y miembro de la Comisión de Legislación Penal Cámara de Diputados de la Nación).
"Una respuesta estatal -como la que se reclama- termina dominando y fagocitando todo el resto de los derechos humanos de la infancia que han sido postergados"
María Fátima Pando. Asesora de Menores e Incapaces de Cámara. Poder Judicial de la provincia
¿Qué opinión le merece la baja de la edad de la imputabilidad de los menores?
Cada episodio dramático como el ocurrido recientemente, en el que se ven involucrados como posibles autores personas menores de edad, reabre en la sociedad este debate sobre la necesidad de disminuir o no la edad de punibilidad de los adolescentes. Debo anticipar que un tema tan delicado y que contiene tantas aristas a analizar no puede quedar reducido a una cuestión etaria para dar respuesta urgente a una demanda social que entiende, como principal salida, que la disminución de la edad solucionará mágicamente los problemas de inseguridad.
La ley no cambia realidades en forma instantánea y una respuesta estatal -como la que se reclama- al delito cometido por adolescentes siempre ante estos hechos termina dominando y fagocitando todo el resto de los derechos humanos de la infancia en general y que han sido postergados, siendo el delito un emergente de esto.
En el trabajo diario, al analizar la situación de los jóvenes infractores de la ley penal, se puede concluir que son el producto de una sociedad que no atendió debidamente sus derechos de sobrevivencia o económicos, sociales y culturales durante su infancia. En la mayoría de las situaciones, los mismos provienen de familias desintegradas o donde la violencia ha sido su modo normal de relacionamiento, que han abandonado la escuela, con problemas de adicciones y escasa posibilidad de inserción en el mercado laboral.
"Es más fácil castigar a los menores que asumir la responsabilidad política de buscar la solución que corresponde"
Dr. Jorge Enrique Padilla Tanco. Asesor de Menores por ante el Juzgado de Menores
¿Cuál es su posición ante la baja de la edad de imputabilidad?
Es más fácil castigar a los menores que asumir la responsabilidad política de buscar la solución que corresponde. El rol del Estado es dar solución a los problemas de la sociedad, no el de castigarla. Menos aun cuando se trata de los sectores más debilitados.
Sin duda alguna, para la ministra de Seguridad Patricia Bulrich, es más fácil el camino de la sanción que el de una verdadera solución. Si la ministra se molestara en estudiar las estadísticas de los menores que delinquen en relación con su situación económica, vería la realidad. Pero prefiere mirar hacia el lado del rédito político y ofrecerles a los votantes una pseudosolución.
La reforma tiene que darse en el marco de una revisión integral del régimen penal juvenil
Martín Hernández. Diputado de la Nación y miembro de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación
Desde comienzos de este año, se viene hablando de la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil, y más concretamente de la baja de la edad de imputabilidad, circunstancia que, con toda lógica, acapara mayormente el debate mediático.
En el particular, celebro la decisión del Gobierno de convocarnos a todos a debatir sobre una cuestión que no permite más dilaciones; poner en análisis una reforma integral del sistema de responsabilidad penal juvenil de la época del proceso (Decreto Ley 22.278 de 1980), y en este marco, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero advirtiendo que esto último debe ser parte de una revisión de todo el sistema penal juvenil, en el marco del respeto a los convenios, tratados y recomendaciones de organismos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Precisamente este es el objetivo del Gobierno y también es conteste en que bajar la edad de imputabilidad, como medida aislada, sin atender a las causas que provocaron la iniciación de la carrera delictiva, sin una estructura estatal que tenga la capacidad de receptar al menor en conflicto con la ley penal y llevar adelante con éxito un proceso de resocialización, sin modificar la organización jurisdiccional, no aportará mejores resultados a la actual situación.