Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal Ramallo pidió como medidas de prueba que el juez de la Capital Federal Ariel Lijo (quien había ordenado las escuchas que trascendieron) y la Dirección de Captación dependiente de la Corte presenten un informe sobre la cadena de custodia sobre las escuchas y que declare como testigo el director general de esa dependencia, Juan Rodríguez Ponte, quien fue secretario de Lijo.
La fiscalía pidió al juez federal subrogante de Río Gallegos, Javier Leal de Ibarra, una serie de medidas al impulsar el caso, pero este magistrado se excusó porque es uno de los titulares de la Dirección de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encargada de realizar las intervenciones telefónicas y justamente una de las dependencias que la ex presidente pidió investigar.
El caso pasó ahora al juez Aldo Suárez quien tendrá a su cargo la investigación iniciada por la ex presidenta el 26 de enero pasado luego de la difusión de las escuchas telefónicas con Parrilli, quien denunció los posibles delitos de violación de secretos y de la privacidad, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
En su oportunidad, Cristina Kirchner alegó que es víctima de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial y dijo que desde el Poder Ejecutivo Nacional, "se llevan a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales".
Las escuchas en cuestión forman parte de una causa a cargo del juez Ariel Lijo, quien ordenó en junio del año pasado la intervención del teléfono de Parrilli porque estaba investigado por el encubrimiento del ex prófugo Ibar Pérez Corradi.
Cristina Kirchner presentó la denuncia en el juzgado federal de Río Gallegos. Paralelamente en los tribunales de Comodoro Py de la Capital Federal hay otra causa iniciada por el fiscal Guillermo Marijuán que la lleva adelante el juez Sebastián Casanello.
Por lo pronto, la fiscal Ramallo pidió como medidas de prueba que el juez Lijo y la Dirección de Captación de la Corte presenten un informe sobre la cadena de custodia sobre las escuchas y que declare como testigo el director general de esa dependencia, Juan Rodríguez Ponte, quien fue secretario de Lijo.
Además, la fiscal consideró que en el caso debe intervenir la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación para que colabore en la investigación.
La semana pasada, el juez Lijo y la Dirección de Captación presentaron ante la Corte un informe deslindando responsabilidades sobre la divulgación de las escuchas. Se desligaron de la difusión de las mismas y dijeron que es el organismo de los espías el que se encargó del procedimiento habitual en esos casos.