El gobierno brasileño negó que una medida judicial que impide a la prensa publicar información sobre un supuesto chantaje a la primera dama, Marcela Temer, suponga algún tipo de censura y aseguró que esa decisión está ajustada a la ley.
En un comunicado, el gobierno explicó que la decisión judicial, adoptada a pedido de los abogados de Marcela Temer, está amparada en las normas que rigen en el país sobre el "derecho de privacidad de las personas que tengan su secreto violado en los medios digitales".
La nota fue en respuesta a los diarios O Globo y Folha do Sao Paulo, que este lunes denunciaron haber sido "censurados" por un tribunal de Brasilia, que a pedido de los abogados de la esposa de Temer les obligó a retirar de sus portales en internet toda información sobre el supuesto chantaje que habría sufrido de un "hacker".
El teléfono móvil de Marcela Temer fue intervenido ilegalmente por Silvonei José de Jesus Souza en abril de 2016 y las autoridades de seguridad de San Pablo, dirigidas entonces por el actual ministro de Justicia y hoy candidato a una plaza en la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, resolvieron el caso en cuestión de semanas.
Souza fue capturado inmediatamente y condenado a cinco años y seis meses de prisión en octubre pasado, en un juicio que, según la prensa local, llamó la atención por su celeridad, que no es común en la lenta y burocratizada Justicia brasileña.
Folha y O Globo publicaron este fin de semana algunos supuestos mensajes intercambiados entre Marcela Temer y el "hacker" en los que éste le exigía dinero a cambio de no revelar algunos de los datos que había extraído del teléfono.
En esos mismos mensajes, la esposa del mandatario decía que no aceptaría ser "chantajeada" por quien calificaba de "criminal", ya que no tenía "ningún miedo" pues su vida es "transparente".
En el comunicado, el gobierno también explicó que la demanda que impide la publicación de esa información, que está bajo un estricto secreto judicial, fue presentada por el abogado Gustavo Rocha, quien trabaja en el Ministerio de la Presidencia, pero actuó como representante de la esposa de Temer y no en nombre del Ejecutivo.
La nota indica que, a pesar de ejercer un cargo en ese despacho del gobierno, "el abogado Gustavo Rocha no está impedido de ejercer" su profesión.