El ministro Gómez, sostuvo que "una penalización temprana constituye una confesión de la ineficacia de las acciones preventivas", y consideró que para una sociedad menos violenta, "debemos trabajar por más familia, más comunidad, más escuela"
El ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, consideró "saludable que en el conjunto de la sociedad se abra debate sobre esta cuestión por cuanto implica un aprendizaje colectivo, donde ninguna disciplina o sector se pueda arrogar el monopolio de las soluciones".
"Es indudable que existe una presión para disminuir la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos, impulsadas por algunos medios y que a su vez expresan a vastos sectores de la comunidad, que incluyen no sólo a sectores sociales privilegiados, de clase media y alta sino que también a sectores populares urbanos", comentó.
Al respecto, advirtió que "estos sectores de la sociedad piensan que los derechos respecto a su seguridad y de sus bienes pasa por combatir el delito con mano dura a través de una legislación más inflexible que contemple una disminución de la edad de imputabilidad de los niños y jóvenes".
Derechos
"Pero esta situación también nos plantea la posibilidad de conflictos con los derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen y que en nuestro país tienen rango constitucional y están también contemplados en los derechos del niño de los tratados internacionales", aclaró el ministro.
En este sentido, consideró central a la hora de legislar, implementar políticas públicas y tomar decisiones judiciales, contemplar los derechos y garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en el que la privación de la libertad debe ser tomada como una medida de último recurso.