El debate en torno a la protesta social y su afectación al derecho de circulación se recalienta, en momentos en que el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires instrumentan planes para evitar el colapso de tránsito cuando se producen movilizaciones. El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, contestó la advertencia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien dijo que "actuará" con la fuerza pública para desactivar los piquetes en las rutas.
"La semana que viene vamos a cortar las rutas, que la compañera Patricia no se imagine otra cosa", desafió el referente territorial. "Hay mucha masividad en los cortes, Patricia Bullrich no tiene manera de controlarlo", agregó.
A pesar de la tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y los movimientos sociales, Pérsico destacó el "diálogo" mantenido con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, una de las funcionarias encargadas de "bajar" los fondos contemplados en la Ley de Emergencia Social. Ahora bien, consideró insuficiente esas gestiones al indicar que "sería positivo que el diálogo resuelva los problemas" y, para llegar a ese fin, "tiene que haber voluntad de ambas partes".
En este sentido, Pérsico le pidió al Gobierno que aborde la cuestión social antes que emprender una confrontación abierta con las organizaciones sociales. "Patricia Bullrich no puede resolver el problema social. El problema lo resuelven otras aéreas con diálogo, el estado tiene que poner el esfuerzo ahí, no en la represión. La represión no soluciona nada y agranda el conflicto", señaló en diálogo con radio FM Blue.
La creciente conflictividad entre los movimientos sociales y macrismo se deterioró en los últimos meses, luego de que el Poder Ejecutivo demorara la aplicación de la Ley de Emergencia Social, sancionada en diciembre del año pasado. Esa dilación generó malestar entre los grupos de trabajadores enrolados en las cooperativas de la "economía popular". Este sector reclama una asistencia económica rápida, luego de un 2016 en el que subió un 33% la pobreza, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Uno de los numerosos piquetes realizados la semana pasada sobre la avenida 9 de Julio.
"Sabemos que los cortes molestan y generan bronca, pero hay que entender la situación social", dijo Pérsico, quien defendió la metodología de protesta de los piquetes al sostener que "los millones de argentinos que trabajan en negro o están desempleados no pueden hacer huelga" por "no tener patrón". Sin embargo, recordó que su agrupación presentó un proyecto de ley para regular la protesta callejera (que establece la obligación de dejar carriles libres) y se diferenció de los grupos que ocultan su rostro en las movilizaciones. "Los compañeros que se tapan la cara lo hacen por miedo, yo no lo justifico, debería regularse por ley", sentenció.
Las organizaciones sociales expresaron su rechazo a la tentativa del gobierno nacional y de la Ciudad a reprimir los piquetes. Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, señaló que es "erróneo abordar la problemática social como si fuera un problema de Seguridad", y consideró que "las declaraciones de Bullrich denotan una irresponsabilidad enorme".
"Una funcionaria pública debería hacerse cargo de las decisiones que toma; no puede dejar este margen de incertidumbre ante un tema tan sensible como es el manejo del espacio público. Las amenazas y subestimar los reclamos, no son conductas que ayuden a mejorar la situación", subrayó a través de un comunicado.
Desde el sector sindical, el triunviro de la CGT, Héctor Daer, señaló su preocupación sobre el peligro de que ocurra en la vía pública "una guerra de pobres contra pobres" si el Gobierno lleva a la práctica el anuncio de relanzar el protocolo antipiquete. "Ningún protocolo puede esconder las desigualdades que cada vez son más grandes. Lo que hay que atacar no es el piquete sino las consecuencias que llevan al éxito a ese piquete", planteó.