Con un mensaje de Twitter, Henrique Capriles encendió las alarmas internacionales. "URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años", escribió el viernes 6 de abril por la mañana. La decisión de la Contraloría General de la República sumó al dos veces candidato a la presidencia de Venezuela y actual gobernador de Miranda a la nómina de los prohibidos por el régimen de Nicolás Maduro.

"Era el que faltaba en la lista", dice a Infobae con ironía Pablo Pérez, el ex gobernador de Zulia y ex candidato presidencial, también inhabilitado.

Para la ex diputada María Corina Machado, que ya cumplió los 12 meses de sanción que le impusieron en 2015 -y que la dejaron fuera de juego en las legislativas del 6 de diciembre de ese año- la medida contra Capriles no sorprendió. "Nada me sorprende, absolutamente nada me sorprende en Venezuela", afirma en diálogo con este medio.

Es que la presión interna -masivas movilizaciones opositoras- y la internacional -con la OEA como punta de lanza- están cercando al gobierno de Nicolás Maduro, que ya no puede demorar más el calendario electoral. "Tendrá que llamar a elecciones regionales este año y a presidenciales el que viene, así que la conducta es reiterativa: van a elecciones pero con los candidatos que ellos escogen", sentencia Pérez.

Para Machado, es un error creer que con elecciones "se saca a la dictadura". "Estamos frente a un régimen totalitario. Primero hay que retar la dictadura para luego tener elecciones libres", agregó.

Según explicó a Infobae Eugenio Martínez, experto electoral venezolano, hay más de 100 políticos opositores proscriptos. El método que usa cada vez más el chavismo genera controversias en la interpretación de la norma. Es que la Contraloría General de la República puede inhabilitar administrativamente a cualquier funcionario público, pero desde el año 2006, en unión con el Consejo Nacional Electoral, se creó un nuevo Código de Inhabilitaciones que, además, sanciona políticamente. La controversia surge porque, según la Constitución, para quedar inhabilitado para ejercer derechos políticos tiene que existir una sentencia firme inapelable de un tribunal, pero desde el nuevo reglamento, la autoridad electoral entiende que todo inhabilitado administrativamente está inhabilitado políticamente también. Y para apelar, hay que ir al Tribunal Supremo; sí, el mismo que anuló el Parlamento semanas atrás y después se arrepintió.

"Capriles podría impugnar ante Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero en los últimos 10 años, nunca ha fallado en contra del Estado venezolano en este tema", detalla Martínez.