El fiscal general Julio César Castro fue el director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil, designado en el cargo en 2007 durante la gestión del anterior procurador, Esteban Righi. Con el tiempo, tras dejar la UFISEX, Castro quedó como un experto en la materia, ofreció varias conferencias y charlas sobre cómo es ser, por ejemplo, abogado de víctimas de casos de abuso sexual infantil. Integró, ya como fiscal de juicio, el equipo de acusadores que logró condenar a cadena perpetua al asesino de Ángeles Rawson, el portero Jorge Luis Mangeri.
En diciembre de 2016, luego de más de 25 años en la Justicia penal, Castro fue por más en su carrera: intentó ser juez de cámara. Su pliego fue tratado por el organismo correspondiente del Senado, la Comisión de Acuerdos presidida por Rodolfo Urtubey, con presencia de funcionarios como Miguel Pichetto en la audiencia. Sus aspiraciones para llegar a magistrado no llegaron a ningún lado; una denuncia por acoso sexual de una empleada de la Fiscalía General Nº15, que Castro encabezaba, le cortó el camino.
La denuncia salió a la luz en la audiencia de la Comisión. La ex empleada estuvo presente en el recinto para increparlo. Lo que había reportado ante la oficina de Recursos Humanos de la Procuración había sido particularmente cruel: la empleada habló de repetidos avances y coqueteos, de insistencia ante negativas y de terminal en un virtual freezer laboral de tareas menores tras no aceptar salir en una cita con su jefe. Aseguró que había estado embarazada mientras ocurrió el presunto acoso; el estrés la llevó a sufrir pérdidas y contracciones.
De cara a esto, Alejandra Gils Carbó, jefa máxima de Castro, ordenó una comisión evaluadora para investigarlo a fines de marzo último, encabezada por la fiscal federal marplatense Laura Mazzaferri, con un plazo de 60 días para entregar su decisión, término que todavía corre. La decisión de la comisión puede costarle el cargo al fiscal.
Sin embargo, la denuncia de su ex empleada no es su único problema. Hay algo todavía más grave que espera a Castro en el horizonte de Tribunales. En paralelo, existe un expediente en marcha en la Justicia de instrucción que puede costarle no solo el cargo, sino la libertad. La mayor acusación en su contra: doble violación. La víctima que lo denunció: su ex novia.
B., una abogada de 30 años que trabaja en la función pública y que sostuvo una relación con Castro durante los últimos dos años, 24 años mayor que ella, se presentó el 14 de marzo pasado en la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema. Estaba visiblemente nerviosa según el reporte posterior, tenía rasguños recientes en sus brazos. Un gabinete interdisciplinario, compuesto por una trabajadora social, una psicóloga y una médica, se encargó de entrevistarla.
Infobae accedió a la transcripción completa hecha por la OVD: "Lo que más me traumatizó", declaró B. en medio de su largo relato, marcado por una evidente ansiedad, "fue la violencia sexual, siempre me decía que yo le tenía miedo a las venéreas y él no se quería cuidar con preservativo... Cada vez que le decía que nos cuidemos ante tantos engaños se enojaba".
"Fue a fines de enero", aseguró B. El hecho habría ocurrido en el departamento de la ex pareja de Castro en la zona de Palermo. Lo que sigue del testimonio de B. es al menos gráfico, una acusación de una brutalidad singular para un funcionario público que asumió el compromiso ante el Estado de hacer justicia. Castro, según su relato, había vuelto a verla luego de una separación momentánea, una de varias en la relación.
"Me forzó a tener relaciones por vía anal, que yo no quería y me decía: 'sos pelotuda, sos virgen del orto, todas las mujeres lo hacen'", aseguró B. "No era consentido", siguió, "me dolía y lo tuve que sacar". "Cuando terminó el acto sexual me dijo 'ni pienses que somos pareja'" En los días posteriores, B. se quejó al respecto. La respuesta del fiscal general, según su relato ante la OVD, fue de un desprecio considerable. "Ni para eso servís", le habría espetado.
Al final de la entrevista, las representantes de la OVD le preguntaron a B. si quería llevar a Castro a la Justicia con su denuncia: decidió hacerlo de inmediato. Así, se abrió una causa por violencia en el Juzgado Civil N°85, que emitió una orden de restricción contra Castro que le prohibió acercarse a 200 metros de su ex pareja, así como cualquier contacto por teléfono o cualquier red social.
El informe de la OVD también llegó al fuero penal, el mismo en que Castro trabaja hace 25 años: recayó en el Juzgado de Instrucción Nº6 a cargo del doctor Hernán López, que hoy investiga a Castro junto al fiscal Patricio Lugones. La existencia de la causa fue constatada con documentación y fuentes judiciales.
B. ratificó su denuncia ante el juez López y amplió su declaración. Allí, la abogada agregó un hecho más: otra supuesta violación ocurrida en octubre de 2016 durante un viaje de fin de semana largo a Mar del Plata. El testimonio está citado, por ejemplo, en un requerimiento elevado por el fiscal Lugones al juez. La insistencia de Castro para tener sexo anal fue nuevamente el presunto disparador. "Ella se negó, pero él usaba su fuerza física para obligarla... finalmente la penetró analmente causándole mucho dolor, más allá de que ella no quería y él se enojó y la insultó".