Cerca de Moyano le sugirieron al Gobierno apelar a la Inspección General de Justicia (IGJ) para intervenir la compañía y así impedir que Farcuh pueda volver a gestionarla. En la práctica, desde hace meses que OCA está bajo el control de Camioneros y que Farcuh denuncia que le tienen vedado el ingreso. Pero el empresario sigue siendo responsable en los papeles de la compañía.

La IGJ tiene competencia para intervenir empresas cuando éstas hayan incumplido obligaciones como podría ser la presentación de balances, tal como hizo recientemente con Austral Construcciones. Pero OCA, en rigor, no está bajo la órbita de la IGJ, sino de la Dirección de Personas Jurídicas dependiente de la provincia de Buenos Aires, y, por ahora, no tendría demasiado asidero esta estrategia.

Otra alternativa que desde Camioneros le hicieron llegar al Gobierno es que sea la AFIP la que pida la quiebra de la empresa. Pero según fuentes del Gobierno que participan de las discusiones, la AFIP no suele pedir la quiebra de grandes compañías, y no haría en este caso la excepción. "Aun en los casos de acreencia máxima, la AFIP no pide la quiebra. Hay un solo antecedente reciente que fue el de Ciccone, pero que fue motivado por la política. No es la línea histórica de la AFIP", explican las fuentes.

"Si podemos darle una mano a la empresa, con la preocupación de 7000 trabajadores, se la vamos a dar; de hecho lo estamos haciendo. Pero hay dos cuestiones en las que no nos podemos meter. Una es el conflicto societario; el tema entre Farcuh y Moyano es un conflicto societario", dijeron a LA NACION, por su parte, fuentes del Ministerio de Comunicaciones. "Y no vamos a dirimir en cuestiones privadas. Hemos tratado de colaborar en la medida en que legalmente podamos. Pero la AFIP tampoco tiene margen para tolerar este deudor crónico. Tenemos un límite legal", aclararon.

Financieramente las cosas podrían complicarse aún más para OCA. Según adelantaron fuentes al tanto del proceso, la AFIP tendría previsto avanzar con nuevos embargos una vez que se complete en OCA el pago de sueldos de abril, lo que podría ser ya la semana que viene. El correo privado más grande del país acarrea una deuda con el fisco por $ 1400 millones, que cada mes se incrementa en unos $ 120 millones. La AFIP, que el año pasado denunció penalmente a Farcuh por evasión de impuestos, ya le embargó cuentas por $ 300 millones y tiene en la mira otros $ 600 millones.

Hasta ahora, las negociaciones que Moyano mantuvo en paralelo con Farcuh para conseguir comprarle sus acciones no tuvieron resultado. No llegaron jamás a ponerse de acuerdo en un precio. En algún momento se especuló también con la posibilidad de que el anterior dueño de OCA, Alfredo Romero, consiguiera declarar el incumplimiento por parte de Farcuh del contrato de compraventa de la sociedad uruguaya, madre de la empresa en el país. Pero no hubo tampoco resultados concretos en ese frente.

"Lo más probable es que OCA termine en una quiebra, aunque no pedida por la AFIP sino por algún otro acreedor", deslizan quienes conocen de cerca la compañía.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, en el Gobierno trabajan en posibles planes de contención para los empleados de OCA. Aunque no habría definiciones, una de las alternativas que consideran más factibles es que sea el Correo Argentino quien asuma parte de las operaciones y del personal. Pero, para ello, también antes la empresa agotar todas las vías concursales. De otra forma, seguiría siendo un problema entre privados, alguna vez, buenos amigos.