Brasilia se volvió ayer un campo de batalla como consecuencia de la profunda crisis política por el escándalo de sobornos de JBS que ha puesto al presidente Michel Temer al borde del abismo. En medio de fuertes enfrentamientos con la policía, manifestantes que exigían la renuncia del jefe de Estado incendiaron cuatro ministerios y atacaron otros edificios públicos, lo que llevó al acorralado presidente a ordenar por decreto la intervención de las fuerzas armadas para reprimir las protestas y poner fin a los graves disturbios.
"El presidente resaltó que es inaceptable el desorden, el descontrol, y que no permitirá que actos como estos vengan a empañar un proceso que se desarrolla de forma democrática y en respeto a las instituciones", declaró el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, al informar a la población sobre la actuación de los militares, cuyas 1500 hombres protegieron el Palacio del Planalto y tomaron posiciones en distintos puntos de la Explanada de los Ministerios.
La controvertida y desesperada medida de Temer fue aprobada en el marco de las atribuciones presidenciales para "garantizar la ley y el orden", pero despertó la indignación de las fuerzas opositoras en el Congreso, de jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), y de mucha gente en las calles.
"Esto es gravísimo. Ni siquiera en el período de la dictadura militar vimos esta ocupación de la Explanada por el ejército", dijo el diputado Carlos Zarattini, líder del Partido de los Trabajadores (PT). "Lo que el presidente Temer quiere, después de su desmoralización política y personal es imponer al país una dictadura. Un gobierno que no soporta una manifestación es un gobierno que no tiene condiciones de continuar", afirmó.
Informado sobre la decisión del presidente de llamar a efectivos del ejército y de la Fuerza Nacional, en la vecina Corte Suprema, el juez Marco Aurelio Mello se expresó muy preocupado por la delicada situación que vive el país debido al agravamiento del escenario político. "Espero que la noticia no sea verdadera", fue su primera reacción al ser comunicado de la intervención militar.
La crisis política estalló la semana pasada cuando se reveló que como parte de su acuerdo de delación premiada con la justicia, los dueños del frigorífico JBS entregaron la grabación de una conversación con Temer en la que el mandatario parecía dar el aval al pago de sobornos para garantizar el silencio de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados. Cunha, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, fue el principal promotor del proceso de impeachment a Dilma Rousseff (PT) el año pasado.
Ante las explosivas revelaciones, la fiscalía inició una investigación contra Temer por presunto intento de obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita. El presidente ha negado las acusaciones, alegó que el audio fue editado y manipulado, y, frente a las crecientes críticas, negó que tenga pensado renunciar. Pero la incertidumbre política amenaza ahora con echar por la borda los avances económicos de los últimos meses que, gracias a las reformas estructurales de Temer, poco a poco estaban sacando al país de la peor recesión de su historia.
Bajo el lema "Ocupa Brasilia" y a los gritos de "¡Fuera, Temer!" y "¡Elecciones directas ya!", las protestas en la capital habían sido convocadas por sindicatos Central Unica de los Trabajadores (CUT) y Fuerza Sindical, así como por varios movimientos sociales. Los manifestantes -unos 35.000 según la Policía Federal- habían marchado pacíficamente por la Explanada de los Ministerios en rechazo de las reformas laboral y jubilatoria impulsadas por el gobierno, hasta que llegaron al Congreso, donde algunos intentaron ingresar por la fuerza; allí, agentes de seguridad buscaron dispersarlos con gases lacrimógenos y balas de goma.
La multitud respondió con más violencia. Algunos invadieron el Ministerio de Agricultura y prendieron fuego al edificio con bombas molotov; otros repitieron los ataques incendiarios contra los ministerios de Planificación, de Cultura y de Medio Ambiente. Además, levantaron barricadas para evitar que los bomberos pudieran llegar a las instalaciones en llamas, mientras se montaron fogatas que cubrieron con una densa humareda la zona céntrica de la ciudad. Hubo actos de vandalismo en otros edificios públicos, con ventanas rotas, en tanto se agudizaban los enfrentamientos con la policía sobre el espacio verde de la Explanada. Por el caos desatado, el gobierno ordenó la evacuación de todos los ministerios. Los choques dejaron al menos diez heridos.
El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, reconoció que él mismo había solicitado la intervención de las fuerzas armadas. "¡Lo pedí porque el ambiente ahí afuera estaba volviéndose un infierno!", se defendió Maia, del pequeño partido Demócratas (DEM), uno de los principales socios del PMDB.
Diputados del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentaron entonces ante la Cámara un proyecto de ley para retirar a los militares de Brasilia. "De acuerdo a la Constitución de 1988, la función de reprimir las manifestaciones populares no cabe a las fuerzas armadas", subrayaba el texto.
Tras el impeachment del año pasado a Rousseff que llevó al poder a Temer, Brasil no tiene actualmente vicepresidente y, en caso de vacancia del presidente y del vice, sería el titular de Diputados, Maia, quien asumiría el Ejecutivo de forma interina.