"En relación a los hechos que son de público conocimiento, la APDH Formosa manifiesta que dicha situación de violencia y desbordes en la población de Ingeniero Juárez tiene "múltiples causas"que son de larga data; todas dan cuenta básicamente de la alta vulnerabilidad de los pobladores, de condiciones de marginalidad, de las cuales son emergentes los hechos de violencia que llegaron a enfrentamientos entre criollos e indígenas que lesionan a toda la comunidad de Ingeniero Juárez. Dichas causas también dan cuenta de la presencia de un Estado con políticas públicas ineficaces", sentencia la organización en un documento. 

En esta misma línea, mencionaron las condiciones que, señalan, hacen al empobrecimiento y la marginalidad de la población: "Ineficacia en el sistema de salud frente a las demandas de la población; Carencia de una buena administración de justicia y seguridad con situaciones de violencia institucional que acrecientan el resentimiento; Ausencia de obra pública preventiva; Problema habitacional no resuelto; Racismo y discriminación mutua que genera vínculos teñidos de resentimiento que afectan las relaciones de empatía entre los pobladores; Falta de trabajo y oportunidades; Drogas, alcohol y narcotráfico (Se observa un alto consumo de alcohol y a edades tempranas. Ingeniero Juárez es la localidad por donde ingresa la droga desde Salta y desde Paraguay); Se observa en años electorales, el accionar de grupos violentos incitados por personas inescrupulosas con intereses políticos". 

En consecuencia, determina: "De la mano de las adicciones, combinada con el alto nivel de desempleo juvenil y la desvinculación educativa, sin espacios adecuados y pertinentes de esparcimiento cultural o deportivo, en un contexto social sensiblemente racista, se agudiza la violencia".

Así también, considera que la complejidad del interpela a todos como sociedad, más en una provincia como Formosa, que desde el Preámbulo de la Constitución reconoce y reafirma una auténtica identidad multiétnica y pluricultural: "Los hechos que tuvieron lugar en Ingeniero Juárez no pueden ser leídos como un evento aislado, generado por un solo actor, el dirigente social Agustín Santillán y los jóvenes wichí. Hay múltiples responsabilidades".

APDH sostuvo que lo ocurrido en Juárez, no puede separarse de su historia y del modo en que esa historia se transmite de generación en generación: "En diferentes textos que hacen referencia a la "fundación" de Ingeniero Juárez, se habla de la "llegada de los primeros pobladores" como si la zona hubiera estado despoblada. No se plantea el hecho de que, en realidad, la zona estaba habitada por comunidades wichí que ocupaban parte de lo que posteriormente serán Formosa, Chaco y Salta. Esa visión ha perdurado en el tiempo y profundiza una relación social de gran inequidad, desde la cual la demanda de vivienda, salud, tierras, trabajo, por parte de los indígenas es condenada socialmente por no considerar que sean sujetos de derecho que fueron despojados violentamente de sus territorios ancestrales". 

"A esta realidad histórica, se suma en la actualidad, el contexto de una sociedad globalizada en la que se fomenta el consumismo, el individualismo y los mensajes que naturalizan la violencia como única forma de resolver los conflictos. Se añade a este cuadro social, el enorme poder que tienen las mafias del narcotráfico y la instrumentalización de las personas jóvenes", enfatiza el documento. 

Agrega que esto afecta profundamente a los jóvenes de los sectores populares que viven permanentemente la impotencia de no poder acceder a los bienes de la sociedad de consumo y a una plena satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. Pero se agrava en el caso del segmento de los adolescentes y jóvenes indígenas que, además, están sufriendo en sus comunidades las consecuencias de un quiebre cultural.

"La conflictividad social requiere de
decisiones políticas de alto nivel"

El documento de la APDH señala que la complejidad de la conflictividad social requiere de decisiones políticas del más alto nivel, y "en realidad la sensación entre los pobladores es de una ausencia del Estado, en particular en estas problemáticas donde las consecuencias llegan a ser irrecuperables". 

Además, considera que "se hace necesario un abordaje integral de la conflictividad social y urge la generación de políticas globales para las comunidades indígenas y específicas para sus jóvenes, con discriminación positiva y urgente hacia este sector".

"Si bien el Estado se hizo presente, a través de sus funcionarios y hay cada vez más presencia policial, no consiguió encontrar una vía de superación de la crisis social como tampoco encauzarla a través de un diálogo genuino con la sociedad civil. Preocupa que entre los autores de los hechos descriptos hay niños de 11 y 12 años lo que potencia su vulnerabilidad, y que requieren ser asistidos por el estado con políticas públicas integrales siendo considerados sujetos de derecho. De la misma manera, urge actuar en la investigación de los hechos denunciados, conforme a derecho y con las garantías del debido proceso", reclama e indica que es necesario que el Estado actúe con eficacia frente al avance del narcotráfico en la localidad.

 
Finalmente, el escrito de APDH especifica que el escenario se agudiza cuando desde la estructura gobernante se tiende a negar o minimizar el conflicto, y "paradójicamente", se aplaca cuando se identifica un único autor visto como enemigo peligroso. Desde esta lógica, este "enemigo peligroso" debe ser detenido para "pacificar" y no se avanza en la investigación y abordaje de las múltiples causas que llevaron a esta crisis con alta conflictividad social. Al identificar un único autor, y detenerlo, se genera una imagen de falsa calma, puesto que si bien a partir de este hecho se refuerzan las acciones de prevención y asistenciales necesarias, se dejan de lado otras líneas de acción indispensables para evitar la reiteración o agudización del conflicto", concluye.