El primero de junio, los expedientes de la justicia brasileña que revelan la conexión argentina de la causa Lava Jato serán remitidas a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, conocida por su afinidad ideológica con Cristina Kirchner y acusada de presunto cohecho por la controvertida adquisición de un edificio en Capital Federal. Se trata de las confesiones de 77 ejecutivos de Odebrecht y decenas de documentos que permitirán conocer los beneficiarios de los 35 millones de dólares que la compañía brasileña pagó en coimas para obtener ciertos contratos de obra pública. Los sobornos fueron ejecutados entre el 2007 y el 2014, cuando Cristina era presidente y Julio De Vido controlaba todas las licitaciones que se hacían en la Argentina.
Mauricio Macri asegura en la intimidad de la quinta de Olivos que "está tranquilo" y que "no tiene nada que ocultar" sobre la Operación Lava Jato. Jura que su amigo Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), no cobró coimas de Odebrecht y afirma que su primo Ángelo Calcaterra, por entonces dueño de la constructora Iecsa, jamás recibió sobornos para aceitar la concesión del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Gils Carbó nunca puso foco en la conexión local de la causa Lava Jato. Distintos fiscales federales, que dependen formalmente de la Procuración General, hacían lo que podían para acceder a la información que puede abrir un nuevo capítulo de la historia de corrupción del kirchnerismo. A diferencia de otros expedientes que pueden facilitar la campaña de Cristina y erosionar a Macri -el Correo Argentino-, la procuradora hizo silenzio stampa y se mantuvo al margen.
Macri no es experto en asuntos legales que se vinculan a temas estratégicos del Poder Judicial. Pagó importantes costos políticos con la fallida designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, no calibró el impacto institucional cuando autorizó la negociación del Estado con el Correo Argentino, y desatendió las implicancias históricas de la sentencia del 2×1. El Presidente se mueve con más soltura entre andamios que cerca de los expedientes apilados en los despachos más poderosos de Tribunales y la Casa Rosada.
Sin embargo, en el caso Odebrecht puso foco y dispuso que Germán Garavano, ministro de Justicia, encontrara una salida institucional para revelar la conexión argentina de la causa Lava Jato. Garavano pidió informes a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro, mientras ejecutaba una negociación contrarreloj con Odebrecht para cerrar un acuerdo legal que permitiera a la justicia argentina obtener los nombres de los coimeados por la empresa constructora de Brasil.
La negociación fracasó. Odebrecht pretendía fijar todas las reglas de juego y dejaba al gobierno en una posición endeble respecto a la normativa vigente. Garavano se retiró de la mesa de negociaciones e inmediatamente se puso en marcha el plan B, que significaba aguardar que la Fiscalía General de Brasil enviara a Gils Carbó todos los videos con las confesiones de los 77 gerentes de Odebrecht y todos los expedientes que permitirán probar los nombres de los funcionarios, intermediarios, contratistas y valijeros que participaron en la fechoría de los 35 millones de dólares.
Desde la perspectiva del gobierno, la vía institucional que usará la Fiscalía General de Brasil conspira con la posibilidad de acceder rápidamente a la información sobre los corruptos argentinos. Gils Carbó debe lealtad a Cristina y los pagos de coimas se hicieron durante sus dos Presidencias, explican en Balcarce 50. Por eso, Macri quiere que la Oficina Anticorrupción acceda rápidamente a las pruebas que recibirá Gils Carbó y que sin dilaciones sean remitidas a los medios de comunicación y posteadas en todas las redes sociales.
La pretensión de Macri puede chocar con ciertos impedimentos procesales. Aún no está determinado si el Dossier Odebrecht es sólo para la justicia federal o está abierto y sin secreto de sumario. Asimismo, los fiscales y jueces argentinos que tienen las causas pueden alegar que la difusión inmediata de las evidencias ayudaría a la estrategia defensiva de los presuntos coimeros.
El Presidente no es dúctil en la arena judicial, pero ya demostró olfato político. Pretende que la información sobre las coimas de Odebrecht llegue sin escalas a la opinión pública. Tiene certezas de inocencia sobre los casos Arribas y Calcaterra, y fuertes sospechas sobre los nombres de los ex funcionarios e intermediarios que aparecen nombrados en las confesiones de los 77 gerentes de la compañía brasileña.
Al otro lado de la trinchera, Gils Carbó no da una señal similar. La procuradora quiere cotejar toda la información y luego decidirá sus eventuales pasos procesales y políticos. Si el presidente está errado sobre la inocencia de Arribas y Calcaterra, esa información sensible aparecerá sin escalas en una batería de escritos avalados por los fiscales que responden a Justicia Legítima. En cambio, si por las confesiones de los 77 aparecen involucrados ex ministros K, empresarios cercanos a Cristina o intermediarios con pasado mediático, Gils Carbó usará todos los recursos a su alcance para dilatar el acceso a un dossier que puede impactar de lleno en las próximas elecciones legislativas.
En Olivos aseguran que no permitirán la manipulación de las evidencias aportadas por Brasil y que pedirán a la Oficina Anticorrupción que libere toda la información que podría retener la procuradora Gils Carbó. Obvio, ya no se trata solo de hacer justicia con los corruptos. Arrancó la campaña electoral y Odebrecht es una pieza clave para Macri y Cristina.