El Gobierno le pidió esta semana a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que no haga lugar al reclamo económico del Grupo Petersen al expresar que la expropiación de las acciones de Repsol-YPF fueron un acto soberano de la Argentina, sin una finalidad comercial.
Así lo expresa en un escrito de 60 páginas que sirve como base para la audiencia que se realizará la semana próxima, en la que estos magistrados de segunda instancia decidirán si hacen lugar al reclamo de Petersen, que fue comprado por el fondo de inversión Burford y que ya recibió una sentencia favorable en primera instancia.
El argumento central de los abogados del estudio Akerman gira en torno de la doctrina del "Act of state", que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio.
Estados Unidos acepta esta doctrina en sus tribunales, que es una de las piezas que la Argentina llevó como argumento a este juicio y que la jueza Preska no convalidó aceptó en primera instancia.
El "Act of state" se utiliza generalmente cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida.
"La expropiación es constitucional y fue avalada por el Congreso", indicaron los abogados, defendiendo, a la fuerza, la polémica decisión del kirchnerismo. La Argentina, indicaron, es un estado soberano y por lo tanto inmune a ser sancionado por actividades comerciales que no fueron tales en el caso de esta expropiación, ya que está protegida, como otros países en EE.UU., por la Foreign Inmunity Act (FSIA).
El escrito, subraya que Petersen, del grupo Eskenazy, está haciendo un reclamo por un acto soberano, no comercial. De inmediato se aclara que la decisión se tomó durante el kirchnerismo y que el gobierno de Macri ha tenido una conducta diferente hacia el sector privado, tal como lo demostró en el pago a los acreedores que estaban en default.
De todos modos, separa ambos hechos, al expresar que en el caso de los holdouts había una disputa que abarcaba una actividad comercial en los Estados Unidos, mientras que en el caso de YPF fue una decisión en la Argentina, en base a una ley nacional, sin afectar activos norteamericanos.
El Gobierno afirma que Petersen no pudo probar la raíz comercial que dio origen al reclamo judicial y afirma que el grupo empresarial discute en su demanda la naturaleza de la expropiación. En su descargo, el grupo Petersen había afirmado lo contrario: que no disputaba la expropiación en sí y que sí había una actividad comercial.
Una vez que pase la audiencia del próximo jueves 15 y la cámara se expida sobre los argumentos que expondrán los abogados de la Argentina y de Burford -que le compró el reclamo legal a los Eskenazy- el tema volverá a la primera instancia, donde Preska deberá decidir si el reclamo del fondo de inversión es pertinente y si hace lugar a los 3000 millones de dólares que pidió como resarcimiento contra el estado argentino.
Recién en ese momento, la Argentina podría argumentar, como piensan algunos abogados que participan del caso, que, luego de las revelaciones formuladas por el financista Aldo Ducler, que el reclamo de Burford-Eskenazy es nulo porque la compra de esas acciones se habría hecho con dinero presuntamente "malhabido". Y, más aún, no sólo rechazar el pedido de los demandantes, sino repetir la demanda contra ellos, en complicidad con el kirchnerismo.