Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, argumentó con una frase polémica el achique de más de 70 mil pensiones por discapacidad dispuesto por el gobierno de Macri a fin de profundizar el ajuste y reducir el déficit fiscal.
El gobierno de Mauricio Macri está decidido a reducir el déficit fiscal a cualquier costo. Para ello decidió ahora avanzar sobre las pensiones que cobran las personas con alguna discapacidad y empezó a darlas de baja. En los últimos tres meses más de 70 mil discapacitados que recibían una ayuda del Estado quedaron sin prestación alguna.
En medio del escándalo, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentó justificar el nuevo ajuste practicado sobre algunos de los sectores más vulnerables y consideró que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo deseara".
En su edición de este martes, Clarín reproduce la insólita justificación de Badino. El funcionario macrista no sólo simplifica la problemática, ignora las dificultades que encuentran las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo desean o no, la posibilidad o no de trabajar.
Y Badino siguió: "Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad".
Desde la cartera que conduce Stanley admitieron que ya se dieron de baja unas 70 mil pensiones por discapacidad sin seguir los caminos legales correspondientes. Es que, tal como explicó a ese medio el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro: "aquí no hubo previo aviso, la gente se enteró cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión".
Badino reconoció que no hubo previo aviso y ensayó otra insólita justificación: "no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta". Aseguró además que durante el gobierno de Cristina Kirchner se multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos que perciben ayuda del Estado y en lugar de chequear una por una las irregularidades optaron primero por cortar las ayudas y después ver qué pasa en cada caso.
"El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión", explicó D'Alessandro.
Badino reconoció además que desde que asumió Macri la presidencia de la Nación y Stanley el minsiterio de Desarrollo Social "hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad".