Enrique Zanín, presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF) y de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) afirmó a La Mañana que el proyecto legislativo que establece la Responsabilidad Penal Empresaria (RPE) en hechos de defraudación al Estado, debe contemplar también "penas severas para la corrupción institucional". En este sentido, evaluó que la norma debe abarcar "la integralidad del problema, que afecta no sólo a la administración pública, es decir al dinero de la gente, sino que generalmente también perjudica a las PyMEs regionales que quedan fuera de todo proceso de participación en obras públicas, licitaciones, adjudicaciones, por menor nivel de 'lobby' empresario".
El interbloque de diputados nacionales de Cambiemos logró hace algunos días emitir dictamen de mayoría al proyecto que penaliza a las empresas por hechos de corrupción contra la administración pública, al que el oficialismo aspira a darle media sanción el próximo 28 de junio. La norma incorpora la figura del "colaborador eficaz", para aportar datos sobre hechos delictivos, y contempla fuertes multas para las empresas involucradas en hechos de corrupción, como así también la prohibición de participar en licitaciones públicas y de quitar la licencia para operar en el mercado.
En lo referente a este tema, el contador Zanín aseveró a este Diario: "Si bien la intención del Gobierno nacional es la de penar hechos de corrupción originados por empresas contra la administración pública, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las veces desde el Estado se generan los cohechos hacia las empresas privadas para poder acceder a licitaciones, concesiones, provisión de insumos, etcétera. Siempre la corrupción tuvo dos lados, y esta vez no es la excepción. No tengo conocimiento detallado de la norma que se trata en el Congreso, pero debiera contemplar también penas severas para la corrupción institucional, dado que la mayoría de los casos quedan impunes, se diluyen en los pasillos interminables de la Justicia y terminan por olvidarse".
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