Cualquier sospecha de vulneración de derechos de un niño o adolescente puede ser denunciada, de forma anónima, a la línea 102, que depende de la Dirección de Niñez
Las actuales residencias socioeducativas (antes conocidas como hogares de menores) albergan en Formosa a 25 menores distribuidos en "Mi Casita", "Residencia Socioeducativa de Niños", "Residencia Socioeducativa de Niñas", "Renacer" y "Pre-egreso" (de adolescentes varones y mujeres hasta 18 años).
Para profundizar sobre la situación de los menores institucionalizados, La Mañana dialogó con Mónica Nogueira, directora de Niñez y Adolescencia, quien comentó que en Formosa "hay residencias antes conocidas como hogares, pero que ahora son residencias socioeducativas. La reforma surgió como consecuencia del gran cambio de paradigma que se dio en todo el país porque antes teníamos la Ley del Patronato, donde el niño era una cosa, y a partir de la Ley 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), al niño se lo trata como un sujeto de derecho y cambia todo. El juez ya no decide sobre la situación del niño. En orden administrativo es la Dirección de Niñez que depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia la que se encarga de, en caso de vulneración de derechos de los niños, restituir esos derechos".
Al referirse al proceso que se debe dar para que el menor termine institucionalizado, Nogueira explicó que "si aparece un niño o una denuncia porque él es víctima de violencia o de alguna situación de abuso, lo primero que se hace es trabajar con la familia de origen. Si el maltrato fue intrafamiliar, se busca una familia ampliada para que aloje al menor. Son medidas excepcionales y provisorias que duran 90 días mientras que se trabaja con la familia de origen para que el menor pueda volver a ella. Esta medida es prorrogable por otros 90 días y si no hay solución se busca un referente afectivo: madrina, vecino o aquel que pueda contener al niño y si no, en última instancia, ingresa a la residencia donde también tenemos un plazo para trabajar".
Durante la entrevista, la funcionaria aclaró que la situación de pobreza no significa que el niño deba ser institucionalizado. En casos donde fueron vulnerados sus derechos de salud o vestimenta, son las políticas públicas las que establecen que el Estado debe otorgar los medios para que el niño pueda vivir en familia, como por ejemplo con la AUH para que asista a la escuela y sean satisfechas mínimamente sus necesidades.
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