Era el fiscal preferido de la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. El intendente de La Plata, Pablo Bruera, le entregó la llave de la ciudad; y hasta el Concejo Deliberante platense, el 20 de diciembre de 2012, lo nombró "personalidad destacada por su trabajo contra delitos conectados con la trata de personas".
Era, sin duda alguna, el funcionario judicial estrella en materia penal en un distrito donde se asientan los tres poderes del Estado del principal territorio electoral del país. Cinco años después, Fernando Cartasegna se trasformó en mala palabra, en una mancha venenosa para la justicia e incluso para sus colegas fiscales que lo defendieron y apoyaron cuando denunció gravísimas amenazas contra su vida.
Esto sucedió cuando en su Fiscalía, la UFI número 4, aterrizó la causa contra los abogados "caranchos" que en "sociedad" con policías corruptos y médicos inescrupulosos fraguaban accidentes para cobrarles a las compañías de seguros, ART y empresas.
En las últimas horas, Cartasegna sumó una nueva preocupación judicial. Una auditoría a la que accedió Infobae reveló que el polémico fiscal abrió 16 investigaciones que no tenían personas reales constituidas como víctimas de los delitos que se imputaban. El informe fue realizado por su colega Álvaro Garganta por orden del fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo.
Entre otras irregularidades, se acreditó que en los expedientes -la mayoría vinculados a supuestas redes de trata y explotación sexual- no se adoptó ningún tipo de acto procesal. Es decir, eran causas iniciadas que estaban totalmente en blanco, sin ningún elemento que las sustente, las que - sospechan los investigadores- Cartasegna utilizaba para "extorsionar" o "apretar" a distintas personas. Por esas causas "en blanco", a Cartasegna se lo acusó de "Falsedad Ideológica de Documento Público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La durísima imputación de su colega es considerada como causal de despido, por esa razón el fiscal Garganta pidió la indagatoria de Cartasegna, que se hará efectiva una vez que sea suspendido de sus funciones en forma preventiva o destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La voluntad política para que esto ocurra ya está tomada en el Ejecutivo provincial. Es más, existe un enojo considerable entre los pares de Cartasegna que salieron en bloque a apoyarlo cuando denunció amenazas contra su vida.
De todos modos, el futuro de Cartasegna dependerá de la legislatura, cuerpo que -al menos hasta ahora- mantiene un equilibrio asombroso con los deseos de la gobernadora María Eugenia Vidal pese a que está en franca minoría. Para eso es vital el apoyo de los legisladores que responden a Sergio Massa. Los tiempos electorales suelen tallar también en este tipo de decisiones.
Cartasegna, mientras tanto, continúa en uso de licencia e internado por su familia en un psiquiátrico. En su entorno sostienen que se vio afectado porque el flamante procurador, Julio Conte Grand -quizás a sabiendas de las irregularidades que ocurrían en su fiscalía- lo dejó de lado y le sacó todo tipo de poder.
De hecho, el primero en mover las fichas contra Cartasegna fue el reemplazante de Falbo -quien renunció en diciembre pasado- cuando disolvió la UFI 4 y distribuyó las causas en otras cuatro fiscalías.
Pero esto no es todo. La auditoría sobre la fiscalía a cargo de Cartasegna también descubrió que un número significativo de las presuntas "agencias de acompañantes" clausuradas se trasformaron en "privados" a sabiendas del propio agente fiscal que supuestamente perseguía la explotación de mujeres y menores.
Si bien la trata de personas, la explotación sexual de niños y niñas y la pedofilia son delitos que persigue la justicia federal, por mandato especial de la ex jefa de los fiscales, Cartasegna tenía carta blanca para investigar todos los delitos vinculados a esta actividad, como el proxenetismo. Fue la misma Falbo quien aseguró ante la prensa que su mimado fiscal había "cerrado el 80 por ciento de las agencias de acompañantes de la ciudad".
Por orden de Falbo, que fue nombrada en el cargo por el gobernador Eduardo Duhalde el 11 de agosto de 2004, era la fiscalía de Cartasegna quien debía investigar los delitos de "autores ignorados", como ocurre en la inmensa mayoría de hechos violentos que terminan en muertes.
Falbo, la abogada quilmeña que posó su dedo mágico sobre la fiscalía de Cartasegna, es una mujer de carácter fuerte, de extracción peronista. Ex subsecretaria de Justicia en 1996, durante el sangriento motín de Sierra Chica, fue quien se plantó frente a la Unidad carcelaria para intentar calmar los ánimos de los "12 apóstoles" que ya habían hecho empanadas con un preso asesinado y habían asado al horno a otro detenido, de nombre Agapito.
La auditoría
En el marco de un arqueo se detectó la desaparición del expediente de la causa Bru y otras irregularidades que ya fueron notificadas al Procurador General Julio Conte Grand -el reemplazante de Falbo-. Además de los expedientes sin nombre, se detectó:
- Entre los días 12 marzo de 2012 y 3 de mayo de 2017, Cartasegna, con la participación de su secretario Leandro Carlos Milone, sustrajo del armario que tenía en su despacho un teléfono celular marca LG y un teléfono Nextel modelo 1265, objetos que tenía bajo su custodia y estaban destinados a servir de prueba en el marco de una causa. Lo mismo ocurrió con otros teléfonos incautados en el marco de investigaciones iniciadas en 2009, 2010, 2011 y 2015.
-El faltante de .404 que desde la UFI 4 se secuestró en 2012 y que estaban sin rotular dentro del mismo armario.
-El 19 de mayo de 2017, tanto al fiscal como a su secretario se les encontraron sin registros, inventarios, ni sellos, 4 teléfonos celulares color azul sin referencia alguna sobre la causa en la que estaban secuestrados.
-También se encontraron .319 en el interior de una bolsa de nylon, una billetera con dos mil guaraníes, un dólar y diez euros. Un arma de juguete color gris, 18 teléfonos celulares, un CD suelto y otro en una caja, una cámara de fotos Nikon de color rojo, dos tarjetas SUBE y un reloj. Entre otros efectos sin denominación hay 45 celulares sueltos, al menos dos billeteras y otra cámara de fotos.
- En la fiscalía se encontró cocaína que había sido secuestrada presuntamente en un procedimiento, pero no existía ninguna causa vinculada a esa droga incautada.
Para Garganta este comportamiento viola los párrafos 3 y 5 del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que establece: "Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del Agente Fiscal. En caso necesario podrá disponerse su depósito y las cosas secuestradas serán señaladas con el sello de la Fiscalía y con la firma del fiscal". Tampoco se cumplió con el protocolo de cadena de custodia anexado a la resolución 889/15 de la Procuración General.
El fiscal también imputó, además del secretario Milone, a otros empleados de la ex UFI 4 como Juan Manuel Valdés y Estela Lavalle ya que "son quienes trabajaban junto al fiscal y tenían acceso al armario más próximo de Cartasegna en donde se hallaron las irregularidades más salientes".
Garganta, quien continúa investigando, no descarta una posible imputación contra Cartasegna por el delito de "asociación ilícita", una figura penal en la que además podrían quedar involucrados los policías de la bonaerense que trabajaban a las órdenes del cuestionado fiscal.