CARACAS - Germán Morales dice que defenderá la constituyente para elegir un nuevo congreso que impulsa el presidente Nicolás Maduro con su propia vida. "Peleo por la revolución porque esto nos traerá justicia", comentó este escultor de 57 años que frecuenta "la esquina caliente" de la Plaza Bolívar de Caracas, un sitio en el que se reúnen los simpatizantes del gobierno.
Morales cree que el proceso constituyente, que redactará una nueva constitución, es "muy adecuado a la situación que vive el país; lo ayudará". Por eso acudirá al llamado del oficialismo y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para votar el próximo 30 de julio.
A escasos metros y sentada en un banco de la misma plaza se encontraba Yeiny, una contadora que prefirió no usar su apellido por temor a las represalias. Ella piensa que la constituyente es un proceso ilegítimo: "No sirve, nos traerá una dictadura y es un atraso". Yeiny también acudirá a las urnas, pero el 16 de julio, cuando se celebrará un plebiscito que organiza la oposición junto a distintos sectores de la sociedad civil. Se trata de una consulta popular, desvinculada del CNE, que busca evidenciar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente.
El colapso de Venezuela explicado en cinco pasos
Venezuela vuelve a debatirse en las consultas populares, pero esta vez no será en una sola jornada: son dos procesos que dividen al país y una suerte de doble institucionalidad que se rechaza mutuamente.
El 16 de julio se hará un plebiscito popular a petición de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora desde diciembre de 2015- y bajo el amparo de la Constitución, para consultar si se está de acuerdo o no con el proceso convocado por el gobierno para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, una consulta que también está prevista en la Constitución y que se inicia a petición de Maduro. Ni la oposición ha presentado candidatos a la constituyente ni el gobierno está dispuesto a reconocer los resultados del referendo del 16.
El mandatario venezolano anunció la convocatoria el pasado 1 de mayo -por iniciativa propia y con fecha fijada por el CNE- con la finalidad de elegir a 540 personas que serán las encargadas de redactar una nueva Carta Magna que sustituirá a la actual, la de 1999 promovida por el entonces presidente Hugo Chávez.
Esta decisión ha causado una gran controversia porque es vista por muchos críticos como una forma de soslayar las elecciones regionales que deberían realizarse este año y las presidenciales del próximo. Hay que recordar que cuando Chávez la convocó en 1999, teniendo todos los poderes controlados por sus partidarios, se tardó casi 10 meses en finalizar la redacción del texto, por lo que este proceso podría tomar hasta dos años sin que se produzca una transición en el poder.
"Es un asunto de extrema gravedad. Es para cambiar el ordenamiento jurídico y transformar el Estado", explica Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia.
La respuesta de la oposición ha sido convocar el plebiscito del 16 de julio en el que se harán tres preguntas: la primera, si se está de acuerdo o no con la convocatoria de la ANC; la segunda, sobre el papel de las fuerzas armadas, y, la tercera, para indagar si el ciudadano está dispuesto a la renovación de los poderes públicos.