Jorge Triaca reunió hace ocho días a las espadas del bloque legislativo de Cambiemos y les aseguró que no habrá por ahora un proyecto oficial para modificar la ley de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales. La estrategia es otra: negociar acuerdos sectoriales con empresarios y gremialistas con el eje en la modificación de convenios para así bajar los costos laborales y reducir la conflictividad. Para facilitar herramientas retóricas en la campaña electoral, el ministro de Trabajo ratificó ayer su plan en un encuentro con los candidatos oficialistas que competirán en las elecciones.

Desde que Brasil puso el debate en la agenda doméstica, los empresarios locales reclaman más celeridad en la implementación de cambios en el mundo laboral. "Necesitamos una reforma laboral pero no a la brasileña", aclaró ayer Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). En el Gobierno tomaron nota y exhiben por el momento dos acuerdos: el sellado con los petroleros, en Vaca Muerta, y el de los lecheros de Atilra a partir del derrumbe de SanCor. Por caso, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, negó ayer que haya en agenda una reforma a la brasileña

En tren de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento neuquino, el gremio petrolero cedió beneficios salariales. Uno de ellos, las denominadas "horas taxis" y una disminución de la cantidad de operarios por cada equipo de perforación. En el Gobierno proyectan que se reducirán en un 25% los costos de producción del gas no convencional. "En Vaca Muerta se aumentó el fracking de 1,5 por día a seis. Es un salto de productividad importantísimo", dijo Triaca.

El moyanista Guillermo Pereyra, el jefe sindical petrolero que selló el acuerdo con Mauricio Macri, suele argumentar que estaba en una encrucijada: tenía miles de afiliados de brazos cruzados, con riesgo de perder el puesto. Otro gremio petrolero, pero de Chubut, acordó atar algunos beneficios laborales al valor mundial del barril. Pero nada de ello es garantía de estabilidad laboral: por ejemplo, Tecpetrol, del grupo Techint, mantiene en pie su plan de reducción de personal, que ya estaría en marcha, según denunciaron desde los sindicatos.

En la industria láctea, el Gobierno acordó en mayo con empresarios y el gremio de lecheros de Atilra un plan para "impulsar el sector y reinsertarlo en la senda de la competitividad y el desarrollo". Se avanzó en la modernización del convenio colectivo y se convino reducir de $ 3000 a 1500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3000 a 750) para las firmas más pequeñas. El aporte especial de las empresas para las obras sociales es una práctica común que suele destrabar negociaciones salariales. Lo aplicó en varias oportunidades el Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri, un aliado del macrismo.

Se exploran otros acuerdos en el sector marítimo, el automotor, el aeronáutico y en la industria manufacturera. "La intención es reducir los aportes patronales del convenio mediante un acuerdo con las partes y no mediante una ley", reconoció un jerárquico de Trabajo.

Desde la CGT se mostraron abiertos a la negociación, aunque trazaron un límite. "No cederemos los convenios colectivos, como ocurrió en Brasil, ni aceptaremos cambios en la ley de trabajo ni en la de asociaciones sindicales y obras sociales", coincidieron Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, dos de los tres integrantes del triunvirato de mando.

El canal de diálogo con la CGT se reactivó tras la determinación de una mayoría de gremios de neutralizar el paro que impulsaba el camionero Pablo Moyano. El martes que viene habrá una reunión clave en Azopardo: se reflejaría allí el aislamiento en el que quedó atrapado el hijo de Hugo Moyano.

Hasta el momento, el Gobierno dio a conocer en dosis homeopáticas su plan de reformas, que avanza más allá de las meras modificaciones sectoriales de los convenios colectivos. Se anunciarán en el corto plazo un proyecto de ley o un decreto sobre el blanqueo laboral y los alcances que tendrá el auxilio a empresas que regularicen a sus empleados.

La visión de los protagonistas

Jorge Triaca, ministro de Trabajo

En la cartera laboral negaron que el Gobierno vaya a enviar una ley madre con reformas profundas "a la brasileña". Además, no se tocarán las leyes de contrato de trabajo ni de asociaciones sindicales, dos temas sensibles para los gremios, sobre todo antes de las elecciones.

Miguel Acevedo, presidente de la UIA

El número uno de la Unión Industrial Argentina indicó que se necesitan cambios en el mercado laboral, aunque aclaró que no es necesaria una reforma como la de Brasil. Sin embargo, los costos laborales no salariales son muy cuestionados en las empresas.

Héctor Daer, secretario de la CGT

Tras los buenos resultados del Gobierno en las PASO y luego de la fallida marcha, los gremialistas están abiertos al diálogo con el Gobierno. No obstante, se niegan a que las normas enviadas por el oficialismo modifiquen las leyes madre del trabajo en la Argentina.

Guillermo Pereyra, sindicato de petroleros

El poderoso número uno de los petroleros neuquinos se convirtió en el ejemplo de los cambios que se vienen: por sector y con reformas puntuales de los convenios laborales para mejorar la competitividad y reducir la conflictividad. Es cuestionado por otros sindicalistas.