En una carta entregada junto con las firmas, estos grupos reclaman a la CPI un "inicio, continuación, profundización o actualización de la investigación por los delitos cometidos o que se podrían estar ejecutando en Venezuela por funcionarios, autoridades y/u operadores de mando, tanto a nivel de administración pública como de las Fuerzas Armadas".
Los representantes de las dos plataformas aseguraron que recogieron las rúbricas a lo largo de cuatro meses en 76 países, desde Chile hasta Japón, pasando por Irak y Afganistán.
"Es una acción sin precedentes. No sabían cómo tomar las cajas de firmas (en la CPI). Tuvimos que hacer gestiones para que dentro de su protocolo, que es muy cerrado, pudieran recibirlas", dijo a Efe Patricia Betancourt, presidenta de VenEuropa.
Según explicó a Efe la abogada penalista Tamara Suju, "las firmas son una manifestación de apoyo hacia las denuncias. Le están diciendo a la fiscal jefe de la Corte que los expedientes que se han abierto sobre Venezuela son ciertos, son verdad. Están convalidando las denuncias".
Venezuela actualmente no forma parte de los Estados investigados por la CPI, aunque fuentes de la Fiscalía de este tribunal reconocieron a Efe que en los últimos tres años han recibido "varias comunicaciones" relacionadas con este país.
Esas mismas fuentes, que ni confirmaron ni desmintieron la recepción de las firmas, añadieron que, al igual que ocurre con el resto de casos, no forma parte de la política de la Fiscalía ni desvelar el nombre de los denunciantes ni el contenido de las comunicaciones.
La abogada penalista Suju señaló que "en la mayoría de casos de torturas las víctimas han contado lo que les han hecho en los tribunales venezolanos", pero en otras ocasiones esas denuncias "no han sido presentadas porque han sido detenidos y torturados durante 48 o 72 horas y después los han soltado".
Los casos, que a menudo se hacen públicos a través de la prensa, han sido recopilados por Suju para elaborar los informes que envía periódicamente a la CPI.
La letrada explicó que sus comunicaciones a la Fiscalía se sumarían a otras ya presentadas, como la del exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas Diego Arria, el ex procurador de Colombia Alejandro Ordóñez o un grupo de más de cien congresistas de Colombia y Chile que han denunciado al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la presidenta de VenEuropa expresó su deseo de que las firmas sirvan para "apoyar el trabajo de (el secretario general) Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA)" en Washington, donde ahora se llevan a cabo unas audiencias dirigidas por el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, para determinar si existe fundamento para denunciar a Venezuela ante la Corte.
Si Ocampo y el panel de juristas de la OEA concluyeran que sí existe fundamento, está por ver quién presentaría la denuncia ante la CPI.
En caso de hacerlo el propio Ocampo o la OEA como organización intergubernamental, sería una "comunicación" más que recibiría la CPI respecto a Venezuela y que podría ser usada en un futuro por la Fiscalía para abrir un examen preliminar.
Sin embargo, si alguno de los veintiocho países de la OEA que también es parte del Estatuto de Roma, por el que se estableció la CPI, decidiera denunciar, tendría un efecto mucho mayor porque no sería una mera "comunicación", sino una "referencia".
Esa "referencia" significaría que la CPI abriría automáticamente una investigación en Venezuela. Fuentes de la CPI confirmaron a Efe que no existen precedentes de un país que haya hecho una "referencia" sobre otro Estado parte del Estatuto de Roma.