La ONU volvió a intervenir en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. En un documento fechado este viernes 6 de octubre y dirigido al Poder Ejecutivo nacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de este organismo deja ver su "preocupación" por la "falta de avances" en el caso y mantiene en el centro de su hipótesis la actuación de Gendarmería. Por eso, le pide al Gobierno "esclarecer de forma prioritaria" la participación de esta fuerza federal en los hechos ocurridos el 1º de agosto dentro de la Pu Lof Resistencia Cushamen, donde se vio por última vez al joven de 28 años.
"El Comité sigue altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Santiago Maldonado todavía no han sido esclarecidos, y la información disponible refleja una falta de avances en las investigaciones en curso", expresa en uno de los primeros párrafos el texto firmado por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la ONU.
Según los testigos de la comunidad mapuche, Gendarmería estaría involucrada en la desaparición de Maldonado. Matías Santana, un joven de la Pu Lof de 20 años, había declarado ante el juez federal Guido Otranto (reemplazado luego por Gustavo Lleral) que él vio cómo un grupo de gendarmes cargaba a Santiago en un vehículo.
Por eso, la ONU le solicita al Gobierno "esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida".
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En ese sentido, el Comité del organismo internacional volvió a recomendar al Estado el apartamiento de la fuerza en la investigación. "El Comité reitera que se garantice que la Gendarmería no participe como ente investigador en la búsqueda del señor Maldonado y en la investigación de su desaparición", dice el comunicado, y apunta contra el Ministerio de Seguridad nacional, ya que "estaría trabajando sobre la base de informes elaborados por la misma GNA".
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada está plagado de críticas a la investigación y al gobierno nacional. Acusa a los "altos mandos" de rechazar rápidamente la hipótesis que involucra a Gendarmería y la tipificación de desaparición forzada. Salama enumera una serie de antecedentes que involucran a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en declaraciones en ese sentido y resalta la que hizo el 16 de agosto en el Senado nacional, donde expresó dudas sobre la presencia de Maldonado en la Pu Lof y en un informe del 18 de agosto remitido a la ONU: "El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio".
La ONU apunta contra Bullrich al señalarle que filtró información a los medios antes que ésta llegara al despacho del ex juez del caso, Guido Otranto. Y manifiesta su preocupación "por la acumulación de hechos, declaraciones y circunstancias que ponen en entredicho la independencia e imparcialidad de los procesos de búsqueda e investigación, y no permiten que dichos procesos se desarrollen de forma legítima y eficaz".
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El Comité contra la Desaparición Forzada es crítico también con el manejo de los elementos de prueba de la causa. En el informe, toma la denuncia del Defensor Oficial de Esquel, Fernando Machado, quien había denunciado que las camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes en busca de ADN compatible con el de Maldonado y remarca las contradicciones del segundo jefe del Escuadro 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, cuando dijo que los gendarmes no habían llegado al río Chubut, como después quedó claro que sí. También la ONU lamenta la demora en el allanamiento de los escuadrones de Gendarmería y en la integración al expediente de fotografías y videos del operativo: "Han prolongado de forma indebida los procesos de búsqueda e investigación llevados a cabo. Adicionalmente, demuestran una violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia".
Por último, la ONU acusa al Gobierno de no haber adoptado medidas cautelares sugeridas por el organismo para proteger a los familiares de Maldonado y a los miembros de la comunidad mapuche de la Pu Lof "para que puedan realizar actividades relacionadas con la búsqueda sin ser objeto de violencia y hostigamiento".
Y, quizá en su punto más fuerte, apunta contra el Estado por el maltrato contra los mapuches. La ONU sugiere que las actividades del gobierno, al vincularlos con grupos radicalizados como la RAM no ayudan a la causa y los exponen a peligros. "Según información a disposición del Comité, los miembros de la comunidad Pu Lof seguirían siendo estigmatizados y desacreditados periódicamente por funcionarios del Estado parte, que los presentan como una 'amenaza' para el país. En vez de proteger a los integrantes de la comunidad interesada, este tipo de declaraciones les pone directamente en riesgo".