La ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner declara en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Hotesur, que la investiga por recibir pagos del empresario Lázaro Báez por alquilar habitaciones en sus hoteles. El dinero, sospecha la Justicia, podría provenir de negocios ilegales con el Estado.
La indagatoria estaba prevista para las 10, pero se adelantó por motivos aún no especificados. La ex mandataria llegó a los tribunales federales minutos antes de las 9, en el marco de un operativo de seguridad en la entrada del edificio que alcanzaba el cuarto piso, donde se desarrolla la indagatoria.
Ayer, a través de las redes sociales, Cristina Kirchner avisó a sus militantes que no la asistieran al lugar; volvió a acusar al gobierno de Mauricio Macri de impulsar una persecución judicial en su contra; y lanzó: "Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar".
En un comunicado titulado "Persecución para ajustar y saquear", indicó que los hechos por los cuales fue citada "no sólo son idénticos a otros" por los que ya fue juzgada y sobreseída, "sino que en algunos casos son los mismos hechos" por los cuales el mismo juez y el mismo fiscal la sobreseyeron años atrás.
Y aseguró que después de Comodoro Py irá a José C. Paz, "entrañable localidad de la Provincia". "Su intendente me invito a la inauguración del Hospital Oncológico Municipal, donde quiero agradecer el apoyo recibido en las pasadas elecciones del 22 de octubre".
La causa
La ex presidenta está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.
La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate, que según el expediente judicial fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y, luego, a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana próxima. Para el juez, los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera, que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita". De acuerdo con la investigación que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, de 2009 a 2013 las empresas de Báez pagaron más de $ 27 millones por alquileres en Alto Calafate.