En este sentido, desde la Defensoría provincial se expresó: "Es una realidad que cada vez es mayor el número de personas que alcanza una edad avanzada y en mejor estado de salud. En este sentido, es responsabilidad del Estado nacional garantizar las condiciones que permitan a los adultos mayores contar con los recursos para disfrutar de una vida con independencia y autorrealización".

"En el caso de aquellos que requieren cuidados o tratamiento -continuó-, debe disponerse de los recursos para disfrutar de las libertades fundamentales desde una perspectiva de derechos humanos. En este marco, la real inclusión de los adultos mayores tiene relación directa con la equidad en el acceso a beneficios sociales y económicos". 

Por lo manifestado, los defensores del Pueblo de la República Argentina -ADPRA- consideraron que cualquier intento de regulación que reduzcan los beneficios alcanzados por la Ley de Movilidad Jubilatoria actual, significará vulnerar la protección y habilitación de las personas mayores como titulares de derechos humanos legítimamente reconocidos por nuestra Constitución Nacional y el Derecho Internacional.

Gialluca

El ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que con este nuevo esquema del Gobierno nacional, los haberes de los adultos mayores aumentarían en 2018 la mitad de lo previsto con el cálculo actual. 

 
Los ajustes de los haberes jubilatorios, de las pensiones y demás prestaciones sociales actualmente se hacen cada 6 meses, pero "a tono con el pedido del FMI -Fondo Monetario Internacional-, se cambiaría la ley de movilidad para actualizar las jubilaciones por la inflación oficial y de manera trimestral", remarcó.

 
"Así las cosas -agregó-, en el Presupuesto 2018 se prevé que la inflación rondaría el 15,7%, pero desde Nación se pretende que para las jubilaciones la actualización sea tan sólo del 10% de incremento anual, esto significaría un aumento menor al previsto para los jubilados en el año 2018, estipulado en el Presupuesto en una suba de las jubilaciones del 22%, que surge del cálculo actual: la combinación de la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la ANSeS".

Así, detalló que este "recorte en desmedro de los jubilados" le representará al Estado un ahorro de $ 118.668 millones de pesos.

"Obviamente nos oponemos y esperamos que esta reforma previsional sea frenada en el Congreso de la Nación, toda vez que no cede la inflación para los usuarios, consumidores, jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Además, tenemos permanentes aumentos en los servicios públicos esenciales e incrementos irracionales en los medicamentos, que los fijan libremente los laboratorios, sin ningún tipo de control. Hay que tener en cuenta que los jubilados o adultos mayores son una franja social altamente demandante de estos elementos y de servicios médicos que la obras sociales vienen a su vez retaceando permanentemente", concluyó Gialluca.