Con un 34,5% de intención de voto, Sebastián Piñera duplica a su competidor más cercano, el ex presentador de noticias Alejandro Guillier, que a pesar de ser el candidato de lo que queda de la coalición de gobierno (Nueva Mayoría), suma apenas 15,4 por ciento. Lejos aparecen la postulante del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con 8,5%, y el independiente Marco Enríquez-Ominami, con 6,1 por ciento.
Los datos, tomados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, muestran que Piñera estira aún más su ventaja cuando sólo se computan las personas que probablemente vayan a votar, algo que no es ningún detalle en un país de sufragio voluntario y baja participación. En ese escenario, Piñera sube a 44,4%, Guillier a 19,7%, y Sánchez se mantiene en 8,5 por ciento. Pero ni siquiera así le alcanzaría al ex mandatario para ganar este domingo en primera vuelta. De todos modos, sea quien sea su rival, los sondeos le dan una amplia ventaja para el ballotage de diciembre: de 39,4 a 27,2% contra Guillier, y de 39,7 a 23,3% frente a Sánchez.
Que el gran favorito sea el único candidato que ya fue presidente (entre 2010 y 2014), habiendo terminado su primer mandato con aceptables índices de aprobación, no es demasiado llamativo. Lo curioso es que Michelle Bachelet está concluyendo un gobierno -el segundo para ella- que es sin dudas el que más reformas hizo desde el retorno de la democracia a Chile. Sin embargo, su probable sucesor es el único entre los principales postulantes que se mostró abiertamente crítico de la mayoría de los cambios. El resto propone conservarlos o, en todo caso, profundizarlos. Pero esa no parece ser la voluntad de la mayoría de los chilenos.
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La sociedad chilena después de los cambios de Bachelet
Estabilidad. Ésta había sido la marca distintiva del país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hasta que Bachelet asumió su segundo mandato, entre 1990 y 2014. Casi sin excepciones, todos los demás países de América Latina atravesaron en el mismo período profundas crisis económicas y políticas, que muchas veces terminaron con presidentes caídos o destituidos. En contraste, los chilenos se acostumbraron al aburrimiento de ver cambios de gobierno sin sobresaltos, con la continuidad de las mismas políticas, mientras la economía crecía pareja y la pobreza se reducía.
Pero detrás de esa estabilidad se escondían una multiplicidad de conflictos que durante mucho tiempo sólo irrumpieron de manera esporádica, como las protestas estudiantiles. Para entender esa peculiaridad hay que tener en cuenta que Pinochet entregó el poder tras perder un plebiscito en el que nada menos que el 44% de la población votó por su continuidad. Eso le permitió controlar la transición y diseñar un formato institucional que hizo muy difíciles los cambios bruscos y forzó a los distintos sectores políticos a negociar absolutamente todo.
Lo positivo de esta historia es la previsibilidad que caracterizó a la política y a la economía chilenas, condición necesaria para el desarrollo. Pero lo negativo es que se mantuvieron reprimidas demandas sociales muy relevantes, como reducir la desigualdad, tener un sistema educativo más inclusivo y menos costoso, y que la política sea más abierta a la representación de las minorías. El objetivo de Bachelet en estos años fue avanzar sobre los temas que habían quedado postergados.
"No cabe duda de que alcanzó la presidencia con una propuesta de cambio del modelo chileno, para hacerlo más igualitario e inclusivo. Pero ha sido un período de gobierno muy adverso, en un contexto de descenso en el crecimiento económico, de escándalos por el financiamiento ilegal de la política y con algún caso de corrupción, que han influido decisivamente en el aumento de la desafección y en el descrédito de los políticos", explicó Antonia Santos, profesora de ciencia política en la Universidad Arturo Prat, consultada por Infobae.
Si bien tuvo mayoría legislativa, Bachelet debió hacer muchas concesiones y moderar sus aspiraciones. Eso se vio claramente en la reforma educativa, donde el proyecto inicial buscaba la gratuidad absoluta de las universidades, pero se tuvo que conformar con algo parcial, destinado al 60% de los alumnos de bajos recursos. Algo parecido ocurrió en el plano tributario, donde buscó darle mayor progresividad al régimen impositivo, y en el laboral, donde sólo pudo concederles algunos beneficios a los trabajadores. La ansiada transformación del sistema de pensiones -que en Chile es de capitalización individual- quedó como un proyecto a discutir en el Congreso.
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El Gobierno avanzó también en la despenalización del aborto en tres causales, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Otra norma muy resistida por los sectores conservadores de la sociedad, pero largamente respaldada por los más progresistas, fue la unión civil de parejas del mismo sexo. Lo que no llegó a concretarse es la posibilidad del matrimonio.
Donde más profundos fueron los cambios es en la arena política. Primero con la reformulación del sistema electoral, que dejó atrás el cuestionado binominal e instauró un reparto proporcional para los cargos legislativos. El impacto de esa medida se sintió casi de inmediato con el incremento en el número de partidos, ya que se perdieron incentivos para ir con los grandes o en coalición. Después siguió con una estricta regulación del financiamiento y de las campañas, que forzó importantes cambios en el accionar de las fuerzas políticas.
"Para los menores de 40 años y de izquierda, su gobierno ha mantenido el sistema neoliberal en la educación y en la seguridad social. En contraste, para la derecha, Bachelet ha sido demasiado reformista con la aprobación del aborto y la eliminación de la selección en las escuelas básicas. De todas maneras, la sociedad valora los avances en el financiamiento de la educación superior, especialmente. Un sector aprecia el progreso en igualdad de género, pero otros no", dijo a Infobae Jeanne Simon, profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
La sensación que tienen muchos de que se quedó a mitad de camino -quizás desconociendo lo difícil que es siempre hacer transformaciones estructurales- explica en parte la baja sostenida en la popularidad de Bachelet. Asumió con un 50% de aprobación, pero cayó rápidamente a menos de 30 y alcanzó en 2016 un piso de apenas 15 por ciento. Después se recuperó un poco, pero terminó con sólo un 23% de apoyo.
"Hubo reformas que generaron mucha oposición en sectores con gran capacidad de instalar temas en la opinión pública, como se vio en el caso del sistema impositivo y en la educación, que tocaron intereses económicos. Pero además fueron resistidas porque en el imaginario chileno está la idea de que, entre menos se toque el sistema económico, mayor es la posibilidad de éxito medido en términos de empleo y estabilidad", afirmó Alejandro Olivares, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP)