En este contexto, los Defensores del Pueblo de la Argentina han solicitado expresamente al Poder Ejecutivo Nacional, la integral aplicación del Protocolo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tal motivo, se calificó como "repudiable el nuevo accionar violento y represivo de las fuerzas de seguridad". 

"Así pues, en lugar de contener el conflicto desde la prevención, se ha optado por la utilización de la violencia, el amedrentamiento y la represión. El Estado de Derecho es el apego absoluto a las normas de la Constitución y a las leyes que lo reglamentan. Las garantías constitucionales deben ser respetadas, principalmente por el Gobierno, porque sin derecho no hay Estado", se advirtió.

"Exhortamos entonces al Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores nacionales, a que garanticen a todos los argentinos la vigencia de los derechos fundamentales y el cumplimiento irrestricto de las garantías constitucionales", expresaron los defensores del país.

El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, advirtió: "La historia se vuelve a repetir, ya que hace dos décadas, una exministra de la Alianza que redujo los ingresos a los jubilados en un 13% es la actual titular del Ministerio de Seguridad y responsable de la desproporcionada militarización del Congreso Nacional". También señaló que es "la impulsora de la impunidad para el accionar de las fuerzas represivas. Tenemos aún sin resolver las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y no obstante ello la Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad nacionales reprimieron a la ciudadanía sin límite alguno y de manera irracional".

Inconstitucional

La Defensoría denunció que la Reforma Previsional es inconstitucional, pero también que el Gobierno nacional no está respetando la Constitución Nacional y menos aún las instituciones, por lo que "es responsable directamente del enfrentamiento en el cual vivimos actualmente los argentinos". 

"Respetamos al señor Presidente de la Nación, pero también el primer mandatario tiene la obligación de escuchar a los jubilados, pensionados y a los sectores más vulnerables que van a ser gravemente perjudicados de aprobarse este proyecto", agregó Gialluca. 

Por otro lado, remarcó que no hay posibilidades legales de que se apruebe un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que el mismo iría en contra del Artículo 99 Inciso 3º, 3º párrafo de la Constitución Nacional, pues se trata de una materia tributaria, vedada expresamente para esta clase de normas. Por todo esto, advirtió que los resultados electorales "no son un cheque en blanco para nadie". 

"Se debe apostar en forma urgente al diálogo, al respeto a las instituciones y a la gobernabilidad sin que ello implique un saqueo al bolsillo de los jubilados y de los asalariados que día a día ven mermar su capacidad adquisitiva y, ante la inflación reinante, no pueden ser tomados como variable de ajuste", concluyó.