El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, admitió "excesos de ambas partes" en los hechos ocurridos el 1 de enero en Ingeniero Juárez, cuando "aparentemente un grupo de originarios del Bº 50 Viviendas, algunos de ellos menores de edad, en horas de la noche, y encontrándose un agente de la Policía custodiando un lugar público, pretendió robar una motocicleta, produciéndose una fuerte gresca".
"Por un lado -describió el defensor- los originarios con boleadoras y utilizando significativos materiales agredieron a unos 12 o 13 policías y estos últimos manipularon para defenderse postas de goma que impactaron en el cuerpo de varios de ellos, encontrándose lesionados también cuatro menores de edad".
Gialluca constató que el juez de Feria, Dr. Francisco Orella, "estuvo personalmente en Ingeniero Juárez y mantuvo en su recorrido una serie de contactos con el intendente del lugar, Rafael Naciff, como así también con integrantes de la Policía, a quienes se les recomendó actuar en estos casos, con mayor profesionalismo y evitar de esta manera hechos no queridos".
Gialluca peticionó que "se presente el Ministerio Fiscal de Feria a cargo de la Dra. Marta Castro, que ejerce las funciones de Asesora de Menores y de Fiscal, requiriéndosele que determine las circunstancias en que habrían sido heridos cuatro menores de edad, uno de los cuales se encontraba sentado en la vereda o al frente de su domicilio sin intervenir en la gresca, lo que fue testimoniado por el padrastro del menor, y que se investiguen todas las circunstancias que rodearon estos lamentables acontecimientos".
Desde el Organismo de la Constitución, se puso de manifiesto que "en el Bº 50 Viviendas, cuyas casas se encuentran aparentemente usurpadas desde hace más de 7 u 8 años y donde convive una "heterogeneidad de ciudadanos", existen algunas familias ya individualizadas cuyos integrantes -en el que se incluyen menores de edad- se encuentran atrapados por el alcohol y las drogas, lo que amerita reforzar en ellos y en todo el barrio un trabajo urgente y profundo del IAPA".
En este sentido, Gialluca solicitó ayuda al IAPA, al municipio y a todos los organismos competentes "para trabajar en la prevención y entender que debe existir una convivencia pacífica entre civiles y fuerzas de seguridad".
Denunció también que "existe una intencionalidad manifiesta de algunos medios y sectores políticos de hacer comparaciones injustificadas y absurdas con acontecimientos sucedidos en otros puntos de nuestro país en los últimos tiempos" y entendió que "intereses poderosos trabajan para que alguien pierda la vida en estas refriegas, y así poder desestabilizar y perturbar las instituciones democráticas de nuestra provincia".