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Piden al Gobierno nacional que fiscalice a los formadores de precios

12/01/2018 Ante los datos de inflación del 2017, la Defensoría del Pueblo consideró que la escalada inflacionaria “afecta gravemente a los trabajadores y los empobrece cada vez más”

El INDEC difundió los datos de inflación del 2017, llegando la de diciembre a un 3,1%. Con ello, Argentina cerró el año que pasó con una inflación de 24,8%, casi ocho puntos más que la meta inflacionaria establecida para 2017 por el Banco Central. 

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la provincia pidió al Gobierno nacional que “fiscalice” a los formadores de precios, dado que las subas de precios “afectan gravemente a los trabajadores y los empobrecen cada vez más”.

Desde el organismo provincial se expuso que todos los sectores registraron aumentos el año pasado, principalmente los de construcción, agua, electricidad, gas, combustibles (55,6%), comunicaciones (34,1%), educación (31,5), medicina prepaga, costos de los alquileres, equipamiento del hogar, transporte y otros. La inflación en el país superó así la meta anual más alta del Banco Central de la República Argentina, que preveía un IPC de entre el 12% y el 17% para 2017.

El defensor, José Leonardo Gialluca, afirmó que la meta anual de un 15% para este año, de un 10% para el 2019 y de un 5% para el 2020, “serán lamentablemente de cumplimiento casi imposible, ya que este mes se produjeron aumentos en el transporte y peajes, que inciden directamente en el valor de flete que pagamos los consumidores por todos los productos alimenticios, bienes y servicios que adquirimos de los comercios”.

Señaló además que la devaluación del peso impacta directamente sobre aquellos productos como los medicamentos que se fabrican en Argentina pero que tienen componentes importados. “Como si fuera poco, también incide sobre todo lo que se importa desde el exterior, agravando esta situación, por la apertura indiscriminada de bienes fabricados en otros países y cuyos precios comercializados en la Argentina no pueden competir con los producidos por nuestras PyMEs”.

Gialluca denunció que los consumidores son nuevamente tomados por el Gobierno nacional como la “variable de ajuste”, ya que “se han decidido a concretar todos los aumentos durante este año, en el cual no hay elecciones en nuestro país y ello implica especular perversamente sobre las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, como lo son los jubilados, pensionados y asalariados públicos y privados”. 

Por otro lado, el funcionario provincial también denunció que al dejarse libre los precios del combustible en la Argentina y en provincias como ésta, alejadas de los grandes centros de producción, la logística incide mucho en la estructura de los valores de los alimentos.


Reclamo

En este contexto, el Organismo de la Constitución le solicitó en forma urgente al ministro de Finanzas, Luis Caputo, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y obviamente al secretario de Comercio, Miguel Braun, que “se implementen controles estrictos contra todas y las pocas empresas formadoras de precios en nuestro país”.

“No estamos pidiendo que se fiscalicen los precios de los almacenes de barrio o de los pequeños comercios, como carnicerías o verdulerías, pero sí sobre las cinco grandes cadenas de supermercados que trabajan en todo el país”, aclaró. 

►Nota completa en nuestra edición impresa del 13/1/18


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