En la misma semana que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre la necesidad de "cambiar el paradigma" en esta materia y defendió al policía Luis Oscar Chocobar, el efectivo que a fines del año pasado abatió a un delincuente que había atacado con 10 puñaladas a un turista en el barrio de La Boca, el Ejecutivo avanza para endurecer su política migratoria y acelerar la deportación de los extranjeros que cometan delitos, los reincidentes y prohibir el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país.
Así, el Gobierno suscribió un protocolo de acción con seis provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz. "La idea es ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de de decisión, que son los Procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Nosotros tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real", señaló Horacio García, director de Migraciones.
La idea de la Rosada es avanzar con todos los procuradores de las provincias y las justicias provinciales en un protocolo "que permita generar procesos de información más fluidos" para acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con antecedentes penales en sus países. Y también avanzar en la erradicación de inmigrantes que tengan condena firme.
Este convenio fue suscripto entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la dirección de Migraciones; representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
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Entre otros puntos, el acuerdo establece que Migraciones se compromete a organizar y dictar cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país, análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial.
Esta medida viene a complementar el Decreto 70/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos, algo que causó revuelo en enero de 2017, porque deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente fácil; por ejemplo, en los casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad.
Sin embargo, y según informó García, desde la firma de este decreto, 490 extranjeros fueron deportados. "Tenemos que armar toda una infraestructura. No es de un día para el otro, porque cada deportación se trabaja de manera individual. Además, este año se realizará el G20 en el país y tenemos que estar preparados", indicó el funcionario.
En el Ejecutivo advierten que Argentina sigue siendo uno de los países más receptores de inmigrantes en Latinoamérica. "Nuestra política es inclusiva con inmigrantes que vienen a conocer Argentina, a trabajar y a estudiar. Lo que queremos es ser exclusivos con los delincuentes, los narcos y las mafias", enfatizó a este medio un funcionario.