Tras el colapso del Grupo Indalo y la detención de sus dueños hace ocho semanas, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ahora la Justicia ordenó la intervención de su nave insignia, la petrolera Oil Combustibles, por presuntas maniobras de vaciamiento.
El juez en lo Comercial a cargo del concurso de la petrolera, Javier Cosentino, designó a tres coadministradores, quienes compartirán hasta el 10 de agosto próximo el timón de Oil con Ignacio Rosner, quien pretende tomar el control del Grupo Indalo y sacarlo a flote reconvertido en el "Grupo Ceibo".
Al designar a los coadministradores, sin embargo, el juez Cosentino planteó que desde el arribo de Rosner y sus lugartenientes, en octubre pasado, se registraron ciertas acciones que podrían interpretarse como tendientes al vaciamiento de la petrolera.
La primera de esas acciones es la acumulación de una deuda posconcursal -es decir, posterior a la apertura de ese proceso- por 84 millones, "que se generó básicamente por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles" (ITC), según remarcó el magistrado. De hecho, la retención de ese impuesto hasta acumular una deuda de 00 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es lo que permitió la expansión del Grupo Indalo, pero también empujó su implosión, la apertura del concurso, de las causas penales y la detención de López y De Sousa, el 19 de diciembre pasado.
Ese rojo fiscal fue, también, el que llevó a López y De Sousa a acordar el traspaso, en octubre, del Grupo Indalo a Rosner y otros inversionistas agrupados en el fondo OP Investments. Pero, según remarcó el juez Cosentino al ordenar la coadministración, los problemas de Oil Combustibles no cesaron con la salida de López y De Sousa. Por el contrario, remarcó que la sindicatura detectó "irregularidades". Entre ellas, que a partir de ese mismo mes de octubre, Oil Combustibles dejó otra vez de girarle el ITC a la AFIP.
No solo eso. En su resolución, el magistrado consignó otra acción que podría interpretarse como tendiente al vaciamiento de Oil tras la apertura del concurso: "Los administradores han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo en la causa", explicó.
En esa línea, indicó que Rosner y su abogado de confianza, Santiago Dellatorre, retiraron más de millones de la petrolera bajo el concepto de "anticipo de honorarios".
A esas acciones, abundó el magistrado, se sumaron los informes "acerca del deterioro de la red de distribución por la pérdida de varias estaciones de servicio, la merma de la operatoria de la refinería ubicada en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y la situación crítica de una de las sociedades controladas [por la constructora CPC] con importante actividad", detalló.
En ese contexto, entonces, el juez Cosentino designó a tres coadministradores -Carlos Bianchi, a Liuba Lencova Besheva y a Francisco Cárrega-, con mandato hasta el 10 de agosto y con experiencia en casos complejos. Bianchi fue el primer coadministrador designado en Papel Prensa, pero renunció ante los maltratos del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno; y Cárrega fue veedor de empresas del grupo Levy, investigado por la Justicia penal por presuntos negociados con el gobierno de Venezuela.
"Rescate"
Sin embargo, el equipo de Rosner -quien se encuentra internado por una descompensación- afirmó ayer que veía con agrado la designación de coadministradores para que, con acceso completo a la información interna de la petrolera verificaran cómo avanzaba el "rescate" de Oil y del resto del otrora Grupo Indalo.
En esa línea, los abogados de Rosner rechazaron en el expediente que tras la salida de López y De Sousa se haya dejado de girarle impuestos a la AFIP. Por el contrario, adjudicaron ese rojo al incremento de "la mora derivada de ciertos problemas operativos". Pero aun con esas explicaciones el juez intervino "en la administración de la sociedad [por Oil Combustibles] en resguardo de los intereses involucrados, la protección del patrimonio y de los acreedores, sin olvidar la cantidad de fuentes de trabajo que ha denunciado la concursada en forma directa o indirecta".