La empresa OCA podría perder la semana que viene la licencia para operar en el mercado postal. A través del ENaCom (Ente Nacional de Comunicaciones), el Gobierno le dio un plazo de 5 días hábiles para que acredite la cancelación de sus deudas impositivas y previsionales. Si no presenta esos comprobantes antes del jueves de la semana que viene, perderá su licencia postal y no podrá seguir operando.
La situación de OCA genera especial atención en el Gobierno no solo por el futuro de sus 7.000 empleados (casi todos afiliados al gremio de Camioneros) sino también porque más allá de que figura como dueño el empresario Patricio Farcuh, la compañía está estrechamente ligada a Hugo Moyano.
Según un informe de la UIF (Unidad de Información Financiera), se registraron movimientos financieros entre Farcuh y el gremio de Camioneros por cerca de 100 millones de pesos.
El mes pasado, la PROCELAC, el ala del Ministerio Público encargada de investigar delitos de lavado de dinero, presentó una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico. Los delitos: una evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el año 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.
OCA le debe actualmente a la AFIP unos 3.400 millones de pesos de impuestos impagos. El 5 de enero se le otorgó una última prórroga de 30 días hábiles para que presentara los informes de la AFIP y de la Justicia sobre el plan de pagos de esa deuda. Esa prórroga vence mañana. A partir de allí, empezarán a correr estos otros 5 días hábiles que le concedió el ENaCom.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/21181441/Marcha-acto-Camioneros-21F-Hugo-Moyano-20.jpg)
Sucede que para poder operar en el mercado postal argentino es necesario tener una licencia que se renueva año tras año. Para lograr esa renovación, la empresa tiene que acreditar que no posee deudas impositivas o previsionales. Una suerte de libre deuda fiscal. Durante mucho tiempo, OCA logró que se le otorgaran prórrogas aun sin presentar ningún tipo de comprobantes. Ahora, la situación parece haber entrado en una etapa de definiciones.
El martes, los apoderados de la empresa presentaron ante el ENaCom un nuevo pedido de prórroga por 60 días para poder resolver su deuda con la AFIP durante ese plazo. La presentación quedó en manos del área jurídica del organismo.
A fines de noviembre del año pasado, OCA consiguió que un juzgado de Lomas de Zamora reabriera su concurso de acreedores para renegociar la deuda de 3.400 millones de pesos. Allí se le liberaron unos 1.000 millones de pesos de las cuentas embargadas. El Gobierno esperaba que la empresa utilizara ese dinero para avanzar con el plan de pagos de su deuda. Pero eso no sucedió.
En ese escenario, el futuro de los 7.000 empleados que tiene la empresa es incierto. Según fuentes gremiales, unos mil empleados estarían más vinculados al sindicato de Camioneros que a la compañía. Son los que llaman "libres", porque se mueven sin ningún tipo de atadura con la empresa. De los otros 6.000, se especula con que, en caso de que OCA no consiguiera renovar su licencia, cerca de la mitad podría ser absorbida por otras empresas del sector.
"Los 7.000 empleados están en manos de Farcuh", repiten en el Gobierno. Parece acercarse el tiempo de las definiciones.