El debate legislativo por la legalización del aborto demorará como mínimo dos meses en llegar al recinto de la Cámara de Diputados, según los cálculos de legisladores y asesores del interbloque oficialista involucrados en el tema.
La decisión del Gobierno de favorecer el debate fue ratificada ayer por Mauricio Macri en una reunión con legisladores de Cambiemos en la residencia de Olivos. El Presidente pidió que se dé una discusión "con altura" y "con los argumentos sobre la mesa".
En plena negociación sobre los tiempos y las características del trámite parlamentario, las diputadas que anunciaron la convocatoria a una sesión especial para el 8 de marzo evalúan dejar sin efecto el llamado, para evitar la división del sector que promueve la legalización. Los referentes de Cambiemos que respaldan el proyecto ya avisaron que prefieren dar primero las discusión en las comisiones.
La convocatoria del 8 de marzo, que coincidiría con la marcha programada por el Día Internacional de la Mujer (8M), sería reemplazada por una actividad conjunta de todos los diputados que pondrán su firma a la iniciativa de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre 80 y 100 legisladores. Sueñan con hacer un "pañuelazo" en el recinto de la Cámara baja si obtienen la autorización del presidente del cuerpo, Emilio Monzó.
La condición que ponen para dar de baja la sesión especial es acordar un cronograma de tratamiento del proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. En definitiva, quieren garantías de que la discusión no se va a prolongar más de la cuenta.
Las conversaciones con el oficialismo las encabeza Victoria Donda (Libres del Sur), una de las diputadas que habían anunciado la convocatoria del 8M, junto con Mayra Mendoza (Frente para la Victoria) y Lucila De Ponti (Movimiento Evita), entre otras. "Podemos reconsiderar la convocatoria de la sesión del 8 de marzo si encontramos en el oficialismo verdadera voluntad para tratar el proyecto este año. Tienen que empezar a discutirse ahora y resolverse en tiempos razonables", dijo Donda.
Sin definiciones precisas, en el interbloque de Cambiemos advierten que pretenden asegurar un debate "profundo" y "plural" sin dejarse llevar por las presiones de los distintos sectores. "Queremos escuchar todas las voces", dijo la semana pasada la diputada de Pro Carmen Polledo, futura presidenta de la Comisión de Salud.
El de Polledo, una dirigente muy cercana a Mauricio Macri, es un nombre clave en la discusión que se da en estas horas en la Cámara baja. Con una postura clara en contra de la legalización, podría quedar al frente del debate en comisión si Monzó definiera Salud como comisión cabecera del tratamiento.
La otra posibilidad es que, como sucedió en 2016, la comisión de cabecera sea Legislación General. En ese caso, el ordenador del debate sería el diputado de Pro Daniel Lipovetsky, uno de los promotores de la legalización. Las otras dos comisiones a las que sería girada la iniciativa son Legislación Penal, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, también presididas por el oficialismo. Es una decisión política de la que todavía Monzó no dio pistas. El presidente de la Cámara baja recibirá hoy a Donda para tratar de unificar criterios. "Queremos que el proyecto tenga los mismos giros que hace dos años y a Legislación General como cabecera", anticipó Donda.
En cualquier caso, el proyecto no llegará al recinto antes de mayo. Tanto Polledo como Lipovetsky piensan convocar a especialistas de diferentes ámbitos y a representantes de las organizaciones involucradas en el debate. Si le toca conducir, Lipovetsky prevé dividir la discusión de modo tal que no se crucen los promotores y los detractores de la legalización. Polledo apuntará a verificar las estadísticas para que el debate se desarrolle sobre bases sólidas. Una de sus obsesiones es escuchar a los médicos que deberán encargarse de practicar los abortos. Mientras tanto, en el interior de los bloques siguen los tanteos para calcular qué respaldo tiene la iniciativa. Hasta ahora, 80 diputados se manifestaron a favor y 84, en contra, mientras que 92 todavía no se pronunciaron o dijeron que están indecisos, según un relevamiento de Economía Feminista, una de las organizaciones que promueven el proyecto. Entre los indecisos está Facundo Moyano, del Frente Renovador. Entre los principales impulsores figuran los diputados de Pro Lipovetsky, Sergio Wisky, Marcelo Wechsler y Samanta Acerenza; de la UCR Brenda Austin, Josefina Mendoza, Silvia Martínez, Lorena Matzen, Miguel Bazze y Karina Banfi. Entre los detractores sobresalen Monzó, Elisa Carrió, Nicolás Massot, José Luis Gioja y Pablo Kosiner, entre otros.