No está contemplado aún en el borrador del proyecto que el oficialismo buscará aprobar este año de cara a las elecciones del 2019, pero la vuelta de los aportes de empresas en períodos de campaña, que se prohibieron en la reforma parlamentaria del 2009, volvió a encender el debate.

En el marco del tercer seminario sobre el financiamiento de la política, el primero de este año -y el último, según aseguró el ministro Rogelio Frigerio, "antes de enviar el proyecto de ley al Congreso"-, el Gobierno analiza ahora incluir al sindicalismo entre los donantes a las campañas electorales. Así lo pudo saber este medio de fuentes oficiales tras el debate de esta mañana en Casa Rosada, y del que participaron legisladores, funcionarios, jueces electorales, dirigentes y representantes de organizaciones no gubernamentales.

La posibilidad de incluir a los sindicatos dentro del régimen de aportantes surge tras la insistencia del oficialismo de volver a permitir que las empresas financien a los partidos políticos durante las campañas, una actividad que está prohibida por ley pero que se infringe en los hechos.

En ese sentido, y tras la disertación de János Bertok, jefe de la división de Integridad en el Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -que se mostró alarmado por "el nivel de efectivo que se mueve" en la política argentina-, José Torello, jefe de Asesores de Mauricio Macri y apoderado del PRO, le repreguntó cuatro veces si las empresas estaban en condiciones de aportar a las campañas en el resto de los países del mundo.

Bertok respondió que sí y que existían topes. Y ejemplificó la relación entre las empresas y el Estado y la incidencia de las corporaciones en la vida pública con la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos. "Los mayores aportantes fueron a las industrias financiera y de los seguros. Eso llevó a relajar regulaciones y a la crisis", dijo el funcionario de la OCDE.

Sin embargo, tanto los legisladores que participaron de uno de los paneles -los diputados Silvia Lospennato (Cambiemos) y Juan Brügge (Córdoba Federal) y los senadores Dalmacio Mera (PJ) e Inés Brizuela y Doria (UCR)- como los integrantes de la sociedad civil -Julia Pomares (CIPPEC), Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional) y Daniel Zovatto (Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral)- se manifestaron a favor de los aportes empresarios, contemplados dentro del proyecto de ley que la Casa Rosada planea discutir y para el que busca obtener luz verde este año.

Fue tras la discusión de la vuelta de las donaciones de las personas jurídicas, con un tope del 3% por alianza del total de lo recaudado, que se coló el debate de los sindicatos, que ahora el Gobierno empezará a analizar si incluye o no en el borrador de la ley. En medio de la tensión entre la Casa Rosada y un sector del gremialismo.

Es que la diputada Lospennato, por caso, blanqueó el diálogo que tuvo con un colega que proviene del sindicalismo y que da cuenta de la incidencia financiera de los gremios en las campañas electorales.

"Tengo dudas por cómo es el sistema sindical en la Argentina, porque manejan fondos públicos al ser agentes de retención. Pero en la Ley de Paridad, cuando tratábamos de convencer a los legisladores que estaban en contra, tuve que conversar con un legislador de otro partido sobre su no apoyo a la ley, quería conocer sus razones. Y me dijo 'son muy sencillas: yo represento los intereses de mi gremio, mi gremio pone mucha plata en las campañas y no tenemos mujeres para poner en las listas'", confió la diputada de Cambiemos en relación a aquella charla.

Además de los aportes privados, el proyecto que impulsa la Casa Rosada prevé la bancarización total de las donaciones, registros de proveedores, seguimientos en tiempo real de los ingresos y egresos y mayores sanciones.

Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se mostró receptivo de la iniciativa al cierre del seminario, aunque ahondó en la necesidad de reforzar el cuerpo de auditores, que se encarga de controlar los informes financieros electorales de todo el país. "Con siete auditores que tenemos no podemos dispararle a la liebre, solo al elefante", aseguró.

Adrián Pérez, por su parte -organizador del encuentro-, dio cuenta de la necesidad de "avanzar en una buena ley de financiamiento", y abundó en que este es el año para dar la discusión antes del calendario electoral del 2019. "La prohibición de aportes de personas jurídicas no funcionó", se sinceró el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. En rigor, las últimas campañas de Macri, como del resto de los candidatos, estuvieron plagadas de contribuciones empresarias y de dinero negro.

La prohibición se sancionó en el 2009, un año después del triple crimen de General Rodríguez que desnudó el tráfico de efedrina y la relación entre la campaña K del 2007 y la industria farmacéutica.