Una organización familiar que lavó activos provenientes del narcotráfico por más de 150 millones de pesos fue condenada ayer por la Justicia de Corrientes, que aplicó a sus integrantes condenas que van de 4 a 13 años de cárcel.
En declaraciones a La Mañana, el doctor Carlos Scheafer, uno de los fiscales que investigaron el caso y participaron en el juicio oral y público, destacó la relevancia histórica que tiene este fallo, el primero en su tipo en el país con penas tan elevadas, y confió en que el mismo se constituya en la "apertura de una nueva forma de investigar en la Argentina a este tipo de organizaciones criminales".
El falloEl fallo, que en el ámbito judicial fue considerado uno de los más severos en cuanto a la pena aplicada por narcolavado, fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes y recayó en el empresario Roberto Rodríguez (38) y seis personas de su entorno familiar.
Los jueces decidieron la condena al hallarlos culpables de "lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda".
Además de las penas, los jueces aplicaron multas a todos los condenados, la más elevada de ellas al empresario, que deberá depositar el equivalente a cinco veces el monto de la operación criminal, estimada en 150 millones pesos.
Junto a Rodríguez, fueron condenados como coautores de narcolavado su madre, Santa Elba Aquino (66), su expareja Griselda Romina Sosa (37) y su socio comercial, José Rafael Glibota (65), todos ellos penados con 10 años de cárcel.
En tanto, la pareja de un hermano del ejecutivo, Rosa Gladys Ramos (45), fue condenada a ocho años de prisión; otra expareja de Rodríguez, Daniela Rocío Villalba (32), a seis, y la mujer de su socio, María de los Angeles Herrera (43), a cuatro.
Asimismo, a todos ellos también se les aplicaron multas, pero en estos casos, el equivalente al monto de tres veces de la operación detectada.
Esta sentencia fue considerada como la más elevada del país en un juicio por lavado de activos producto del narcotráfico.
Debido a la magnitud de la maniobra detentada, en la causa actuaron como querellantes representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Además de las condenas, los jueces Víctor Antonio Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni ordenaron el decomiso de un auto Porsche Coupé Cayman y de otros 12 vehículos, entre autos y camionetas.
También fueron decomisados un complejo hotelero llamado "Tangará", ubicado en la localidad de Montecarlo, Misiones; una agencia de automóviles y de un corralón de materiales de construcción, ambos situados en Posadas.
Se trata de los edificios en los que funcionaron las empresas abiertas por Rodríguez para lavar el dinero proveniente del narcotráfico, entre las que también se encuentra una agencia de turismo, Emsetur SRL, que junto con el resto de las firmas quedó con su personería jurídica suspendida.
El empresario Rodríguez se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia y además en septiembre del año pasado fue condenado por el Tribunal 2 de San Martín a nueve años de prisión por tráfico de marihuana.
Un fallo novedoso y aperturista
El fiscal del juicio, Carlos Schaefer, subrayó que lo novedoso de este caso es que por primera vez se hayan cancelado las empresas creadas para lavar dinero, al tiempo que confió en que por los alcances e importancia que tiene la sentencia será sin dudas una apertura en la investigación de futuros hechos de esta naturaleza.
El acusador público estimó que el monto que lavó esta banda delictiva ronda los 150 millones de pesos, a través de la creación de empresas de diferentes rubros.
Señaló que el Tribunal de juicio aplicó penas que coinciden exactamente con lo que él solicitó en la audiencia al momento de pronunciar su acusación, y dijo que otro aspecto novedoso en el caso es que los bienes obtenidos ilícitamente están siendo decomisados y algunos utilizados por organismos y fuerzas de seguridad. "Esto quiere decir que está volviendo a la comunidad lo que produjo el delito", enfatizó.
El fiscal federal se mostró optimista sobre futuros fallos fundados en investigaciones que atacan "al corazón de las organizaciones de narcotraficantes", es decir a los bienes y al dinero que consiguen con estas actividades ilegales.
Recordó además que la ley de lavado de activos es relativamente nueva en nuestro país y que recién se está comenzando a aplicar.
La principal característica de los movimientos que realizaban los integrantes de la organización fue la compra y venta de vehículos, en su mayoría de alta gama, así como la de inmuebles en diversos puntos del país, "sin presentar capacidad patrimonial ni económica para justificar", explicó el fiscal.
Otros implicados
Por otra parte, los magistrados ordenaron que el juez de primera instancia profundice la investigación en torno a la presunta participación en las maniobras delictivas de otras cuatro personas: Horacio Fabián Spasiuk, Myrian Lencina, Horacio Nicolás Spasiuk y Daniel Iván Fernández.
La investigación del caso inició en 2012 y en lo que va de estos años se secuestraron más de 60 vehículos, algunos de los cuales fueron cedidos en julio último a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para un mejor desempeño en la lucha contra delitos de su jurisdicción.
Durante el juicio, la UIF pidió una pena de 20 años de prisión para Rodríguez como el máximo responsable de una organización considerada eslabón financiero de una estructura dedicada al narcotráfico y delitos financieros en cuatro provincias.
Bajo el patrocinio de los abogados Alejandro Montiel y Nicolás Malone, ese organismo consideró que esta es la causa más importante del país de narcolavado, ya que los acusados operaron en al menos cuatro provincias, con una estructura sofisticada que incluyó profesionales e incluso lograron la devolución de valiosos bienes.
En tanto, el fiscal Schaefer pidió las mismas condenas que dictó el tribunal.
De acuerdo con un informe en diapositivas presentado por el Ministerio Público durante el juicio, Rodríguez, su madre y Sosa montaron la agencia de automóviles RR VIP y el corralón Cerro Corá, aunque además, con los otros integrantes de la banda, iniciaron la empresa de servicios turísticos Emsetur y el hotel Tangará, en la localidad misionera de Montecarlo.