Cuando hoy mismo el Foro Penal Venezolano actualice la información que hace llegar a la OEA cada semana, su listado estará conformado por 240 presos políticos y 7186 procesados con medidas cautelares. Un número provisional que en los últimos días ha sumado a los militares acusados de conspirar y traicionar a la patria, y que desde el sábado ha borrado al abogado argentino Marcelo Crovato, fugado de las garras del chavismo tras sufrir 10 meses de cárcel y tres años de arresto domiciliario.

El descontento en los cuarteles ha provocado la captura de un centenar de uniformados en lo que va del año, desde generales hasta comandantes de batallones. "Se les ha dictado privativa de libertad a 34 de ellos", revela el penalista Alonso Medina.

Sumas y restas que esconden un torrente de abusos y arbitrariedad, algunos de ellos poco conocidos por la opinión pública. Desde diputados, dirigentes opositores, uniformados, estudiantes, tuiteros y parte del círculo cercano al policía rebelde Óscar Pérez hasta una gran sorpresa: siete menores de edad, seis encarcelados en la siniestra sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas más Nathael Medina, recluido en la Comandancia de la Policía de Táchira. Dos de ellos, Diego Gomes y Ender Jesús González, han cumplido 18 años en la cárcel.

En los últimos días los amigos del skater Dylan Canache se han encargado de multiplicar en las redes sociales su pericia con el monopatín y, por ende, lo increíble de su caso. El menor, de 16 años, permanece en prisión desde enero. Este estudiante de bachillerato en el Liceo Cardenal Quintero en Altamira, zona opositora del este de Caracas, fue detenido en el metro de la capital tras tenderle los servicios de Inteligencia una trampa, en la que usaron a otra de las menores detenidas, Betzaida Martínez.

El equipo de abogados defensores está trabajando de forma discreta para obtener la libertad definitiva de los siete jóvenes, que además ya poseen la boleta de libertad emitida por un juez. Pero en Venezuela una orden de libertad no implica la excarcelación, sobre todo si se está en manos del Sebin.

Lo más rocambolesco del caso es que la fiscalía ordenó la aprehensión de Dylan por estar sujeto a una investigación denominada "caso Guarimba", de la que forman parte todos los que están ingresados en el la prisión del Helicoide. Su madre, Ana Figuera, fue informada de forma extraoficial por el Sebin de que la verdadera causa fue el llamado a protestar contra el gobierno que el chico había realizado desde su cuenta de Facebook.

La organización Operación Libertad Internacional lanzó la semana pasada una alerta para denunciar las condiciones de reclusión de Dylan y de otro menor, Andrés Aserraf, quienes comparten una celda de 10 metros cuadrados con Gomes, González y seis mayores de edad. El habitáculo está en "pésimas condiciones higiénicas, con poca iluminación y ventilación, sin agua potable, con ratas y cucarachas". Los jóvenes no han tenido acceso a la luz solar ni al aire fresco y duermen en colchonetas. Están incomunicados y separados de las dos chicas (Betzaida y Elianys Rodríguez, de 16 años), también enrejadas en el Helicoide.

Los denunciantes aseguran que los detenidos han sufrido maltratos psicológicos y físicos, como golpes con pistolas y tablas de madera en la cabeza, además de cortarles el cabello. "Varios reclusos también han presentado problemas de salud", pormenoriza el comunicado.

"El director del Sebin, (general) Gustavo González, se niega a obedecer las órdenes de los tribunales y tampoco traslada a los presos a las audiencias", denunció la diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UPI).

"La persecución recrudece de una forma más focalizada. El gobierno trata de neutralizar cualquier movimiento disidente o crítico dentro de las fuerzas armadas, con más militares presos que civiles en los últimos tiempos. Los esquemas represivos se van a mantener", resume Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.