La comisión de especialistas creada por Mauricio Macri para reformar el Código Penal prepara un proyecto que aumentará las penas para los responsables de delitos de corrupción. Así lo informó hoy un representante de la comisión, que dijo que la idea es responder "a los intereses de la sociedad", recuperar los activos del Estado y "facilitar la sanción de los responsables" con "penas de efectivo cumplimiento" (de 4 a 12 años de prisión).
Ayer, en una entrevista con Luis Majul, Macri dijo que estaba "indignado" por el fallo judicial que liberó al empresario Cristóbal López; dijo que "se quedó con los impuestos" que debía entregarle al Estado y que la suya fue una "acción delictiva absoluta".
La comisión, creada por Macri en marzo de 2017, avanza además hacia una ampliación de la jurisdicción para investigar los delitos de corrupción, que le permitiría a la justicia argentina intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como por ejemplo en Brasil, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.
Además, prevén cambios en la redacción de algunos delitos como la modificación del enriquecimiento ilícito, para que abarque también el enriquecimiento del funcionario público entre la fecha de la elección popular y la de la toma de posesión del cargo, y que una vez dejada la función pública abarque los seis años posteriores (hoy son dos). También se ampliarían los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo, los dirigentes de obras sociales.
También se incorpora al Código Penal el delito de soborno entre privados -informaron fuentes de la comisión- y se prevé como agravante del delito de lavado de dinero el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, lo que implicaría una pena mayor para todos los responsables.
Con respecto al recupero de los bienes sustraídos del Estado, se agrega la posibilidad de decomisarlos de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue la comisión de delitos de corrupción, siempre que se den determinados requisitos procesales. También se prevé la posibilidad del decomiso del valor equivalente del bien decomisable, en caso de que esto no fuera posible.
Además, se contempla la figura del colaborador eficaz o "arrepentido" para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción.
Finalmente, la Comisión analiza la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena actualmente previstos en el sistema penal para las personas condenadas por delitos de corrupción, tal como la libertad condicional.
El presidente de la comisión, el camarista Mariano Borinsky, anunció la semana pasada a la agencia Télam que el proyecto podría estar listo en dos meses.