El argumento de la Cámara para evitar el sorteo fue que existían dos alternativas, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Y Ballestero, el presidente del tribunal, se inclinó por Farah porque ya había actuado en una causa sobre desvío de fondos en obras públicas.

En su fallo de liberación, la Cámara entendió -por dos votos contra uno- que tanto López como De Sousa debían dejar la cárcel, ya que los movimientos societarios realizados dentro del Grupo Indalo mientras estaban inhibidos por la Justicia habían sido reportados oportunamente en tribunales. Los camaristas consideraron que la prisión era una medida de "alevosa arbitrariedad" y ordenaron la liberación inmediata, que se concretó horas después del fallo.

Además, los jueces también resolvieron (por mayoría) cambiar el delito que se les imputa a los empresarios, que están acusados por una deuda con la AFIP que supera los .000 millones por retenciones indebidas del impuesto a la transferencia de combustibles.

Ordenaron que fueran investigados por delitos tributarios, lo que les abre una puerta a los empresarios para volver a reclamar el cambio de fuero al Penal Económico y, sobre todo, para ingresar a una moratoria con la AFIP. Eso haría extinguir la causa judicial.