El Tribunal Supremo español informó este viernes del procesamiento por delito de rebelión a 13 líderes soberanistas, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont y otros doce políticos catalanes, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el actual candidato a la investidura Jordi Turull y la recién huida Marta Rovira. El juez de instrucción Pablo Llarena, a cargo de la causa por el fallido proceso de secesión, ahora analiza si los envía a unos 6 de ellos a prisión. Por ese delito podrían enfrentar 30 años de cárcel.

El juez Llarena citó este viernes a declarar a seis de los políticos implicados en el proceso para informarles de la situación y evaluar nuevas medidas cautelares en su contra, entre ellos Rovira, que no acudió al tribunal, Forcadell, Turull, Romeva y Rull.

En caso de que Turull ingrese a prisión, quedará truncada su aspiración de convertirse en presidente catalán en segunda votación este sábado, luego de fracasar ayer en el primer intento.

¿Elecciones?

En tanto, al fracasar este jueves la candidatura propiciada por Carles Puigdemont, Jordi Turull, para presidente catalán, se han puesto en marcha mecanismos legales que disolver el parlamento automáticamente catalán en dos meses. Esa fecha, el 22 de mayo próximo se establece como base para que en 54 días, por mandato de la ley electoral, se fije fecha para los comicios autonómicos, que se realizarían en torno al 10 de junio.

No hay ninguna posibilidad de modificar esta calendario riguroso lo que plantea una situación política compleja y enconada. Constituir un nuevo ejecutivo es la única alternativa para evitar las urnas, con una posible caída considerable según los últimos sondeos, del apoyo electoral a los secesionistas.

Con el enmarañado panorama de fuerzas políticas, y un grave conflicto entre los separatistas, lograr un acuerdo para constituir una mayoría absoluta será toda una hazaña. Ya existen conversaciones para salir de la parálisis institucional mediante un acuerdo transversal. Por ejemplo, que Esquerra Republicana, llegará a un acuerdo que puede incluir a los socialistas y otras fuerzas de izquierda afines. La clave son las reformas sociales, económicas y otras, apartando la encerrona secesionista.

El programa de gobierno debería eludir toda referencia a la Independencia y a la República para evitar una acción de la muy temida justicia española, que no perdona ninguna transgresión, y porque las fuerzas constitucionalistas progresistas tampoco la aceptarían.

El tema social es fundamental porque Puigdemont, heredero de las tradiciones más ultraliberales de Pujol, Artur Mas y Puigdemont y de su intima vinculación con los sectores más thatcheristas de la burguesía catalana, prefiere eludir los "devaneos izquierdistas", aferrándose al tema del nacionalismo a ultranza.