Los actos crecientes de sabotaje de los Comités de Defensa de la República ha generado este martes una ofensiva policial y judicial contra estos grupos que al estado le recuerdan peligrosamente a la "lucha callejera" (kale borroka) que fue esencial para el terrorismo de ETA. Los CDR actúan en favor de una huelga general indefinida "por tierra, mar y aire" en favor de que vuelva a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, preso en Alemania con pedido de extradición, y finalice la intervención en la comunidad autonómica por el gobierno de Mariano Rajoy.
Esta mañana hubo reuniones en el ministerio del Interior de representantes de las fuerzas de seguridad del estado para estudiar el reforzamiento de las acciones policiales y la guardia civil en Cataluña. Se han estado reforzando con efectivos especializados la custodia de magistrados amenazados con sus familias, agresiones a juzgados y otras instituciones del Poder Judicial.
La Fiscalía General del Estado, también está atenta a las actuaciones judiciales contra los grupos de actuaciones violentas. Por eso, contactó con los fiscales de la Audiencia Nacional para acelerar los trámites.
Los acusadores públicos de la Audiencia iniciaron, tal como había anticipado en un comunicado, el análisis de diversas actos de bloqueo y sabotaje, "intolerables, los calificó, que despliegan los Grupos de Defensa de la República (CDR), en este momento el más activo en la calle de los secesionistas". Una fuente en Madrid señaló que si los fiscales consideran estos actos como constitutivos de delitos iniciarán presentaciones penales. Entre otros se incluirían acusaciones de rebelión (30 años de cárcel) y malversación (8 años).
Se trata, de "llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos vandálicos actos que ponen en peligro la paz pública, el orden constitucional y la esencia del sistema democrático". De todo lo que se comenzó a analizar hoy y los planes para el futuro se ha informado puntualmente a la Fiscalía General del Estado.
En las reuniones de hoy se atribuyó "gran peligrosidad" a los grupos republicanos que desataron una campaña de bloqueo de autopistas estratégicas que conectan Cataluña con Francia y otras comunidades autónoma como Valencia y Aragón. Además, intentaron bloquear la estación central del tren de Alta Velocidad en Barcelona. También han tomado el control de los peajes, desplazando a los empleados, y levantando las barreras para permitir el paso libre de los vehículos gratuitamente. "Bienvenidos a la República Catalana", proclaman muchos carteles en los peajes de ingreso.
El secretario de Organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa, aseguró que "no es descartable que haya un enfrentamiento civil en Cataluña" por la actividad de los CDR, a los que describió como protagonistas de "actos insurreccionales". Advirtió que si no se termina con estos sabotajes se podría producir un "enfrentamiento civil".
Algunas fuentes constitucionalistas se mostraron partidarias de una interpretación cínica de las consecuencias de los sabotajes y los llamados a una "huelga general indefinida". Coinciden en que, conociendo a la justicia alemana, nada puede redundar más a favor de una interpretación favorable al delito de rebelión contra Puigdemont, que estas expresiones contra la legalidad española y el respeto a la Constitución. La palabra "secesión" es muy mal recibida en los organismos internacionales, la Unión Europea y tanto en Estados Unidos como en la Rusia de Putin, y sus esquemas muy cercanos al totalitarismo zarista.