El presidente Michel Temer finalmente quebró su silencio frente a la prisión del exmandatario Luiz Inacio da Silva. Luego de eludir el tema y dar la orden a sus ministros de no hacer comentarios sobre el asunto que ha acaparado la atención de Brasil en los últimos días, ayer hizo alusión al encarcelamiento del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT)... o casi.

Sin mencionar de forma directa a Lula, Temer reconoció que el país atraviesa una coyuntura política "difícil", abogó por el respeto de la Constitución y las leyes, y advirtió sobre el riesgo de desorden público si se incumplen decisiones jurídicas.

"Las bases y soportes para el crecimiento del país fueron plantados en estos casi dos años de gobierno. Eso es fundamental para el país; somos conscientes de eso. Necesitamos saber que salimos de un momento difícil, continuamos en un momento difícil también desde el punto de vista político, pero tenemos que seguir adelante, y eso significa cumplir la normatividad nacional, cumplir la Constitución, cumplir rigurosamente el sistema normativo nacional, porque es eso lo que da estabilidad al país", resaltó Temer durante un acto en Río de Janeiro para la asunción de Dyogo Oliveira como nuevo ministro del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).

Y en referencia a los tensos dos días en que Lula estuvo atrincherado en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, desafiando la orden del juez Sergio Moro de entregarse a la Policía Federal, el presidente apuntó: "Cuando una persona cree que no precisa cumplir la norma jurídica, desorganiza a la sociedad".

El año pasado, como resultado de las investigaciones de la operación Lava Jato, Lula fue condenado a nueve años y medio de prisión por el juez Moro. La defensa del exmandatario apeló el fallo, pero en enero último el Tribunal Regional Federal, en Porto Alegre, ratificó la sentencia y extendió la pena a 12 años y un mes de cárcel. Desde entonces, los abogados de Lula interpusieron diversos recursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF), pero hasta ahora todos fueron rechazados, y el jueves pasado Moro dio la orden de detención del líder petista.

Con Lula ya preso, según el diario Folha de São Paulo, el Palacio del Planalto analiza retirar el beneficio del chofer y los dos agentes de seguridad que tiene el expresidente, como todos los otros exmandatarios brasileños.

En tanto, en el PT todas las esperanzas ahora están puestas en la sesión de la Corte Suprema mañana, en la que el plenario podría rever su jurisprudencia actual -establecida en 2016 que prevé que las penas de prisión sean cumplidas una vez que hay una condena en segunda instancia. El pedido fue realizado hace tiempo por una fuerza menor -el Partido Ecológico Nacional, pero el PT ha apoyado con vehemencia esa revisión, que podría sacar a Lula de su reclusión en una sala-celda exclusiva de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.

"Confiamos en que el STF analice el caso y que la jueza Rosa Weber cumpla con su palabra de rever su posición en relación a las condenas en segunda instancia", dijo la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, al aumentar así la presión sobre Weber. Es que al votar por rechazar la semana pasada un recurso de habeas corpus preventivo para Lula, la magistrada aclaró que aunque ella estaba personalmente en contra del cumplimiento de las penas después de un fallo en segundo grado, debía cumplir con la jurisprudencia general vigente.

Entre jueces y fiscales existe la preocupación de que una revisión de la jurisprudencia sobre ese tema llevaría a la liberación de los políticos y empresarios condenados por el Lava Jato que insistirían, como Lula, en mantener su libertad mientras apelan a las instancias superiores. De esa manera se abriría la puerta a la impunidad, ya que muchos crímenes terminan por prescribir con el paso del tiempo que se demora en llegar a una sentencia definitiva.

El PT espera a la Corte Suprema
De cara a la sesión de la Corte Suprema de Brasil que deberá resolver mañana si modifica la jurisprudencia sobre la cárcel efectiva en segunda instancia, el PT buscará mantener al máximo la movilización de sus militantes en las calles, como hizo en Sao Bernardo do Campo y en Curitiba.

Dentro del partido, sin embargo, hay cada vez más divisiones sobre cuál debería ser la actitud a tomar en caso de que Lula continúe preso. Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, advirtió que el partido pretende registrar la candidatura del expresidente para las elecciones de octubre, en las que es el gran favorito, aunque la ley electoral no lo permite.

Hay sectores petistas que se inclinan por lanzar cuanto antes una candidatura alternativa (el exalcalde de la ciudad de San Pablo Fernando Haddad es el nombre que más suena), y señalan que la movilización permanente de militantes está agotando las arcas del partido y de sus principales aliados.