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Revelan que el Gobierno conocía de antemano la oferta del Correo

11/04/2018 El exministro de Comunicaciones Oscar Aguad habría accedido al informe de la empresa de la familia Macri antes de haber sido entregado a la Justicia

El entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad conocía la oferta que el Correo Argentino realizaría para saldar su deuda con el Estado tres semanas antes de que la empresa de la familia Macri presentara los papeles ante la Justicia. Esa oferta -con cambios de por medio- fue aprobada por Aguad pero, después de que estallara la polémica, el Presidente decidió volver el tema "a foja cero".

Diálogos informales entre las partes, falta de correlación temporal en los documentos públicos y nula información sobre la negociación son algunas de las inconsistencias que destacó el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Este trabajo, acompañado por medidas de prueba para ahondar en la investigación que tiene como imputado a Mauricio Macri , fue lo último que presentó el fiscal Juan Zoni antes de ser desplazado de su cargo. Zoni había sido designado por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó .

Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, pidió formalmente instrucciones el 23 de mayo a Aguad sobre la postura del Gobierno en el trámite del concurso del Correo, donde el Estado reclama una deuda multimillonaria. La nota N°55/16 firmada por Mocoroa describe con detalles la oferta que la empresa iba a presentar en el expediente comercial el 6 de junio, es decir 14 días después.

Esa oferta -con cambios que pidió el ministro- fue la base del acuerdo firmado entre el Correo y el Estado para regularizar la deuda. Mocoroa fue la persona designada por el Gobierno para negociar formalmente con la empresa en el concurso judicial. Pero más allá de la negociación en el juzgado, la PIA no advirtió que el Gobierno haya abierto un "período de exclusividad" que habilita a las partes a abrir negociaciones en pleno concurso ni haya registrado oficialmente conversaciones entre las partes.

"En todo momento tuvimos conversaciones informales con el Correo porque el Estado tenía que tomar una decisión en el conflicto judicial. Fueron conversaciones telefónicas a título informativo y no hay obligación alguna de que queden registradas. Los fiscales están actuando de mala fe", sostuvo a LA NACION una fuente oficial que fue parte del proceso.

Desde el Gobierno, además, dijeron que durante esa negociación funcionarios de Comunicaciones mantuvieron personalmente una reunión informal con Jaime Cibils Robirosa, apoderado del Correo, y con Jaime Kleidermacher, abogado del Correo.

"Durante los primeros meses, algunas oficinas del ministerio funcionaban en el piso 19 del rulero", dijo una fuente de esa dependencia. El rulero es el histórico edificio que se levanta en la esquina de Libertador y Callao. Socma, la empresa de los Macri funciona un piso más abajo. "Como se piensan que se puede mejorar una propuesta sino se reúnen las partes. ¡¿Cómo no va a haber reuniones?!", dijeron en el Correo.

Desde el Gobierno ratificaron que el Presidente nunca tuvo conocimiento de esa negociación. "El ministro [Aguad] lo veía todos los días pero de ese tema nunca habló", dijeron.

Macri, Aguad y Mocoroa fueron imputados por Zoni en el caso del Correo por negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal Zoni, a quien el Gobierno vincula a la agrupación Justicia Legítima, fue desplazado de su cargo el viernes. Su fiscalía será ocupada desde la semana próxima por Gerardo Pollicita.

La investigación está en manos del juez Ariel Lijo, que recibió el informe de la PIA con distintas irregularidades administrativas a mediados de marzo, pero casi un mes después no instruyó ninguna de las medidas de prueba pedidas por los fiscales.

Después de las conversaciones informales y las reuniones formales que mantuvieron desde el Gobierno con la empresa de los Macri, la oferta del Correo -con modificaciones- fue aceptada por Aguad, pero luego objetada por la fiscal Gabriel Boquín, que consideró que el acuerdo era "abusivo" para el Estado.

Por: Iván Ruiz


Fuente: La Nación

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