Lo que comenzó en Nicaragua como una protesta estudiantil por un decreto del gobierno se transformó en una ola de rechazo en contra de Daniel Ortega. El presidente continuaba bajo presión ayer, pese a que revocó la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola de violentas protestas, saqueos y choques con la policía, que dejaron por lo menos 29 muertos.

El gesto de Ortega no causó el efecto que deseaba. Ayer, decenas de miles de nicaragüenses se manifestaron de forma pacífica en Managua en contra de la represión policial a los estudiantes universitarios, que comenzaron las protestas el miércoles pasado.

Los manifestantes fueron convocados por el poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que fue aliado de Ortega en sus 11 años de gobierno, pero que luego de la reforma al sistema de pensiones se transformó en un ente opositor.

La denominada "Marcha por la paz y el diálogo" concentró en Managua a trabajadores, estudiantes, pobladores y empresarios que marcharon hasta la Universidad Politécnica, Upoli, centro neurálgico de las protestas.

Los manifestantes entonaron el himno nacional y gritaban consignas contra el gobierno y a favor de los estudiantes detenidos.

Aunque Ortega anunció anteayer la revocatoria de la reforma que buscaba incrementar las contribuciones obreras y patronales, las protestas continuaron en una señal de disconformidad general con el gobierno del líder sandinista.

"Las protestas ya no son solo por el INSS, son contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente", dijo Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas. "Creemos que ya no hay espacio para el diálogo", agregó Ramírez.

Empresarios que participaron en la manifestación insistieron en que no acatarán el llamado de Ortega a dialogar si el gobierno no cumple una serie de condiciones.

"No nos vamos a sentar en ningún diálogo mientras no se libere a todos los detenidos, mientras no cese la represión y mientras no se den las condiciones necesarias para dialogar", dijo Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua.

En tanto, Estados Unidos ordenó la salida de los familiares de sus empleados gubernamentales en Nicaragua y redujo los servicios en su embajada.

El Departamento de Estado estadounidense también autorizó la salida de su personal oficial, indicó en un comunicado. En esta circunstancia, la situación se manejará caso por caso, según un funcionario del departamento.

Antes de la masiva manifestación, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo intentó aliviar la tensión al anunciar en una conferencia de prensa la decisión de liberar a los detenidos en las protestas, a petición del arzobispo de Managua Leopoldo Brenes, "estableciendo las bases del diálogo".

Dijo también que una policía murió anteayer en las protestas. La Comisión Permanente por los Derechos Humanos (CPDH) actualizó el conteo de muertos a 29, aunque el gobierno reconoció por ahora diez víctimas.

A pesar de que anteayer Ortega mostró un gesto conciliatorio con el retiro de la reforma a las pensiones, horas después ordenó que la policía reprimiera violentamente a los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica.

Según el diario La Prensa, los estudiantes confirmaron al menos un muerto y varios heridos.

Las manifestaciones iniciadas el miércoles pasado por los estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a golpear sus cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.

Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.

El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes usaron armas de fuego.

Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de América Central y adelantó que "esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas".

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