"Todos los argentinos tenemos que asumir el desafío de consumir menos energía", requirió el presidente Mauricio Macri en su mensaje del pasado 23 desde Vaca Muerta. Pero, como un humilde y común ciudadano que carece de la formación técnica y precisa de que goza un ingeniero, me surgen varios interrogantes.
¿Cómo hago para garantizar la cadena de frío en los alimentos frescos, si mi negocio es un pequeño supermercado? En cambio, si me dedico a la industria, consumir menos energía significa menos fabricación. Ahora, si mi emprendimiento es agropecuario, ¿cómo hago para levantar mi cosecha o preparar los suelos si no dispongo de energía? Ahora bien, si soy un pequeño comerciante, no ilumino adecuadamente mi negocio y no brindo una climatización básica, no me parece que pueda captar clientela.
En consecuencia, el concepto de consumir menos energía implica reducir la actividad económica y, por ende, menos ocupación de mano de obra, lo que, ineludiblemente, ocasionará una merma en la actividad productiva, industrial y comercial, todo lo cual dará un resultado de empobrecimiento de las PyMEs en general, con graves consecuencias sociales a corto plazo.
A la sazón, cuando se comenzó con esta política de sinceramiento de costos de la energía, se pidió a la sociedad esfuerzo y comprensión, porque era la única manera de que las empresas recuperaran la confianza y volvieran a invertir en el rubro. Y los ciudadanos confiamos y nos esforzamos.
Claro que uno, como buen contribuyente, se pregunta en qué se invierte la cantidad de dinero que el Estado recauda diariamente en conceptos fiscales, porque cuando leemos las noticias de la prensa especializada en economía, la Argentina aparece tomando cada vez más deuda externa, no se cumplen las metas de inflación, el año 2017 cerró con un déficit en el comercio exterior de U$S 8.471 millones según el INDEC y la producción y generación de energía sigue pendiente, ya que importamos más de lo que producimos.
Según Alieto Guadani, un prestigioso docente de la Universidad Belgrano y experto en la materia, hoy estamos ante un escenario energético escaso, importado y caro. Y yo agregaría "perverso".
Si aumenta la generación de la electricidad, impacta en los costos de producción y distribución del gas. Si el precio del gas aumenta, incide en el precio de la generación eléctrica, ya que buena parte va a las usinas térmicas que utilizan este producto. Y así, se da un círculo vicioso difícil de salir sin intervención reguladora del Estado.
Por otra parte, tampoco conocemos cuál es el verdadero costo de producción de las distintas fuentes, sea electricidad, gas, combustibles o agua potable. En consecuencia, no sabemos a ciencia cierta si es justo lo que pagamos. Y como el sistema de la generación, transporte y distribución está organizado de manera tal que no admite competencia, el consumidor no tiene opciones y, mucho menos, valores referenciales.
Por lo hecho hasta ahora, lo único que asoma claramente es la protección estatal a la renta privada que explotan estos rubros, cosa que no se hace con las auténticas generadoras de riquezas de cualquier lugar del mundo, es decir, no se protege a las PyMEs.
Un aumento desmesurado en las tarifas en momentos de baja rotación comercial pone en riesgo hasta al mejor cimentado. Los costos fijos aumentan, las ventas merman y la renta disminuye. Para comprenderlo mejor, es cuestión de tomar una calculadora y ponerse a hacer números.
No se trata de no pagar o pagar barato sino de lograr un equilibrio en donde nadie salga perjudicado. La electricidad, el gas, el combustible y el agua son esenciales al desarrollo económico. Son ítems imprescindibles en cualquier emprendimiento. Pero lo más grave es que el ministro Aranguren, en la reunión que mantuve en Resistencia en el contexto del Plan Belgrano, me dijo muy claramente que aún falta sincerar el 45% del valor de las tarifas. Entonces, la pregunta del millón es: ¿Lo soportaremos?
Antonio Fabián Hryniewicz
fabianhry@gmail.com