Se dice que el Fondo impondrá ajustes en jubilaciones y pensiones, salarios, presupuesto en áreas sociales -salud, educación-, recortar presupuesto en obras públicas, proseguir la adecuación de tarifas y combustibles según costos operativos y valores internacionales, reducir la inflación, flotación libre del dólar.

Pero eso ya se hizo, todo absolutamente todo el Gobierno nacional ya lo hizo a excepción de reducir la inflación. Recortó presupuesto en obras públicas, bajó del 3,2 al 2,7% el déficit proyectado de las cuentas públicas, aumentó los combustibles, las tarifas de gas, electricidad, agua y comunicaciones, expulsa sistemáticamente empleo público, redujo las jubilaciones y pensiones por el nuevo método de cálculo de aumento de sus haberes, se resiente la atención en hospitales públicos, se encarecen los medicamentos y se deja de lado a millones de personas que componen el núcleo poblacional más vulnerable. 

Ajuste implica recesión, menos consumo por disminución del poder adquisitivo de empleados activos y pasivos, aumento de combustibles implica mayores costos por fletes y por ende aumento de precios, los aumentos de tarifas significan menor disponibilidad de dinero de la familia para consumo de alimentos, vestimenta, salud, educación y esparcimiento. La corrida cambiaria que costó al Banco Central 10.000 millones de dólares, puso al dólar como valor referencial de muchos productos, aumentando bruscamente precios de la canasta básica de alimentos. 

La inflación que cuando cierre mayo habrá consumido el 70% de la pauta del 15% fijada por el Gobierno y que tozudamente quiere imponer como techo de paritarias, no cede. Los que tomaron crédito UVA se ven en problemas, diría serios problemas. No solo la cuota que aumenta hasta el 30% del ingreso familiar y se extienden los años de financiación, es que el aumento de todos los demás ítems que componen el presupuesto familiar, entre ellos tarifas, combustibles, alimentos, etc., ponen en situación muy complicada a todos los que fueron tras el sueño del techo propio.

El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, ha demostrado una ignorancia supina, al decir que ni una sola PyME ha cerrado por causa del aumento de tarifas de servicios públicos. Una ignorancia propia de quien tiene cerrada su visión porque desde el microcentro porteño y la Casa Rosada no se percibe el panorama desolador del interior del país, de las economías regionales, de las provincias periféricas. Cualquiera sea el rubro que tomemos, a excepción de energéticas, petroquímicas, mineras y construcción, encontraremos miles de PyMEs que cerraron sus puertas definitivamente, expulsando mano de obra que hoy forma parte de la legión interminable de desocupados que peregrinan en busca de un trabajo.

Sería bueno, diría muy bueno, que los funcionarios nacionales no hagan tanto "timbreo" en el Gran Buenos Aires y el Presidente deje de comer facturas en una panadería elegida con tiempo y oportunidad de saber que le son afines, y recorran el interior productivo, allí donde la esperanza se agota y los recursos se diluyen en manos de las grandes corporaciones que demandan más y más ajustes para su propio beneficio. 

Las empresas energéticas, si se tuviese un contrato de prestación para los próximos 5 ó 10 años, pueden con ese documento conseguir financiación para sus obras y no extraer los magros ingresos de la gente para realizar las inversiones necesarias para una buena prestación de servicios. 

El sacrificio de la gente en general y de las PyMEs en particular, está llegando al límite mismo de la desesperación y no hay peor tormenta que la que genera un pueblo agotado, desesperanzado y sin fe en el futuro. No es bueno tirar del tiento porque se puede cortar. Insisto, no es el FMI, es la mala política.