Lamentablemente, los números de la economía argentina siguen al rojo vivo. Esto enciende protestas sociales y reclamos laborales de manera continua que los operativos mediáticos, a través de diferentes estrategias discursivas, tratan de tapar, pero es una realidad que a los argentinos nos golpea a diario como una bofetada.
En primer lugar, las ventas minoristas cayeron en el primer trimestre de este año el dos por ciento y se estima que el segundo trimestre el derrumbe será mucho más fuerte, ya que las tarjetas de créditos dejaron de financiar en largas cuotas. A esto se suma las subas acumuladas del agua, luz y gas que desde diciembre del 2015 promedian un 1295% y aún se esperan más aumentos.
Por otra parte, las vidrieras de los comercios con sus numerosas ofertas no logran atraer a los clientes, puesto que el consumidor tiene endeudada su capacidad de compra, lo que agudiza la crisis de los negocios en todo el país y en el caso de nuestra provincia, los comerciantes esperan un repunte en sus ventas porque no llegan ni para cubrir los impuestos.
A todo este panorama desolador se complicaría aún más el segundo semestre con ajustes mayores debido al enfriamiento de la economía, despidos y movilizaciones que ya anuncian sus inicios este mes con un paro general que, si bien no beneficia a nadie, es la única manera de dar visibilidad institucional al malestar de la gente ante las políticas económicas que lleva adelante el Presidente Mauricio Macri.
Esta película la conocemos muy bien los argentinos y rogamos que no termine como en el caos del 2001, con más de 31 muertos, con un país quebrado y a punto de una guerra civil donde la disgregación fue tan profunda que perdimos la idea de nación en aquellos días.
Como ciudadanos entendemos, entendemos que la política debe estar al servicio del bien común, debe ser el instrumento de equidad que nos permita tener una patria libre, justa y soberana. También sabemos que la economía está subordinada a ella. Sin embargo, la realidad nos demuestra que las políticas implementadas desde el Gobierno nacional no están pensadas para el pueblo, sino para beneficiar grandes grupos económicos de amigos del poder.
Así lo demuestran millones de argentinos que viven por debajo de la línea de pobreza, la marginalidad, la delincuencia y en un Estado de derrumbe económico social. En síntesis, un pueblo sin posibilidad de ascenso social a través del estudio y el trabajo, simplemente porque quienes nos gobiernan piensan "que los pobres no tienen derecho a educarse", como descaradamente dijo la Gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal.