El Dr. Leonardo Gialluca consideró que cabría que "tanto los padres como los menores sean sancionados dentro de lo que establece la normativa vigente, y con ello enviar mensajes ejemplificadores y de lo que se debe hacer, en estos casos, más aún en zonas de frontera como la que habitamos los formoseños"
CLORINDA - Desde la Defensoría del Pueblo se le solicitó formalmente a la jueza de Menores de Clorinda, Dra. Mirta Oviedo, que proceda en la causa que se encuentra a su cargo, a la aplicación del Art. 1.754 del Código Civil y Comercial de la Nación donde establece que los padres son solidariamente responsables por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, apuntó que las acciones deberían tomarse "contra los progenitores de los menores Oriana Novillo de 17 años y Félix Chamorro de 16 años, quienes por su propia voluntad se ausentaron de sus domicilios y obligaron a toda la comunidad en general y en especial de la ciudad de Clorinda a movilizarse para encontrarlos, debiendo intervenir no solo la Justicia provincial, sino también la Federal y centenares de mujeres y hombres de las fuerzas de seguridad de la Policía de la Provincia, que durante más de un mes estuvieron alertas y movilizadas para localizar a estos menores".
En ese sentido, detalló que "el 25/04 el Area UR-3 destinó más de 30 cadetes, 2 oficiales y otros integrantes que totalizaron una formación de 107 efectivos, 7 móviles, 4 motos y 4 equinos que recorrieron los barrios: Porteñito, Libertad, 25 de Mayo, ACA, Itatí, Belgrano, Guadalupe, entrevistando a la mañana 576 domicilios y por la tarde otros 349, totalizando 925 familias. Posteriormente, en otros operativos que incluyeron otros sectores y zonas se utilizaron más de 70 efectivos, 6 móviles, 4 motos y en dicha oportunidad se entrevistó a 342 personas, sin contarse las múltiples reuniones llevadas a cabo con funcionarios de la EPES 94, de la Justicia provincial, y la elaboración de profusa folletería con la imagen de los menores buscados; de GN, Prefectura, Servicios de Inteligencia, Interpol, Ministerio de Justicia de Nación, organizaciones como Missing Children y otras".
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