La Facultad de Derecho de la UBA se pronunció a favor del proyecto de ley que busca legalizar el aborto y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados hace dos semanas.
El Consejo Directivo de la facultad difundieron una solicitada después de que unos 1800 abogados presentó firmara un pedido de inconstitucionalidad que presentaron en el Congreso para frenar el tratamiento de la ley.
Según publicó Página 12, para los académicos de la UBA, la criminalización "lejos de disminuir la cantidad de abortos" lleva a la clandestinidad y "obliga a interrumpir los embarazos de maneras inseguras reproduciendo las desigualdades en términos de género y clase".
En su declaración, las autoridades de la Facultad de Derecho defendieron la despenalización del aborto en cuanto implica insertar el tema dentro del ámbito de la salud pública y hacer responsable al Estado como garante de derechos. La institución también declaró "de interés" las actividades realizadas en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El documento también citó cifras del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein , quien informó que en el país se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año con un saldo de 49.000 hospitalizaciones por complicaciones en los abortos inducidos.
"Que la libertad es uno de los pilares básicos de nuestra democracia. Pero el Estado Argentino impone un límite, restringiendo las libertades individuales de determinadas personas únicamente por su condición de gestantes. Imponiendo ese límite por medio de la habilitación del poder punitivo", sostuvieron los directivos de la Facultad de Derecho.
El aborto comoderecho humano
El Consejo Directivo, contrario a lo que defiende el grupo de abogados que pide la inconstitucionalidad de la iniciativa, enfatizó que la adhesión al aborto legal se enmarca en el artículo 75, inciso 22, del Tratado de Derechos Humanos, que garantiza "el derecho a la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la intimidad, la dignidad, la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, la autonomía, el derecho a vivir una vida libre de violencia, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes".
"Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y por ende el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para garantizarlos ya que nuestro país promueve la educación sexual y la difusión de métodos anticonceptivos", finaliza el texto.
Además de la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la UBA también se pronunciaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.