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A pesar del cambio en las circunstancias políticas, Corrientes sigue siendo la eterna relegada

10/07/2018 Una columna de opinión de Alberto Medina Méndez

Lejos de la idea de victimizar a la provincia y en sintonía con describir ciertos inocultables acontecimientos, habrá que reconocer que la ecuación general no se ha modificado lo suficiente y que la llegada al Gobierno nacional de funcionarios “aliados” no ha significado un punto de inflexión determinante. 

Durante mucho tiempo, la política doméstica ha abusado de la utilización de un recurso argumental que mezclaba ingredientes reales con cierta exacerbación que intentaba demostrar que la provincia estaba siendo premeditadamente postergada por no estar partidariamente alineada. 

Seguramente mucho de eso fue absolutamente así, pero tampoco nadie duda de que, en el juego del poder, se recurrió a una sobreactuación de la situación que permitió maximizar su provecho electoral en el corto plazo.

Lo concreto es que cada vez que los correntinos decidieron en las urnas tener un oficialismo local de distinto signo al del Presidente de turno, la provincia sintió el impacto de un modo inconfundible y demoledor.

Cuando se analiza el escenario regional de aquel contexto, se observa que los gobernadores afines recibían enormes partidas como apoyo financiero y tenían las puertas abiertas en Buenos Aires para cualquier trámite, mientras Corrientes conseguía poco y nada asumiendo altísimos costos políticos.

La expresión más burda y escandalosa de esa dinámica se vivió durante los años del kirchnerismo, cuando desde la cúpula se enviaban gestos políticos hacia los correntinos de desconsideración, mientras la provincia era perjudicada a la hora del reparto de las obras y de los dineros públicos.

Bajo ese esquema, con el triunfo en los comicios nacionales de Cambiemos en 2015 y luego de confirmarse la continuidad de Encuentro por Corrientes en el ámbito provincial, cierto entusiasmo invadió a todos los ciudadanos.

La provincia tendría, para muchos, una oportunidad excelente e inigualable, al punto que algunos se permitieron soñar con una suerte de gigantesca reparación histórica que permitiera recuperar casi todo lo perdido.

Ya ha pasado un tiempo bastante considerable, más de dos años, y es posible ahora analizar lo ocurrido hasta aquí tomando en cuenta no sólo los discursos rimbombantes sino también una secuencia de hechos tangibles.

Nadie puede sostener seriamente que Corrientes sigue siendo totalmente “ninguneada” por el Poder Ejecutivo nacional si esto se midiera en términos de presencias y contacto con altos funcionarios, pero algunas señales son muy preocupantes porque hablan del arribo de una perversa lógica.

Tampoco se podría decir que no se reciben fondos o que los programas nacionales no llegan. Sí sería posible afirmar que en muchos de esos aspectos económicos se ha producido una deseable normalización. 
 
Sin embargo, viene ocurriendo algo muy paradójico que merece mucha atención por sus implicancias y porque instaura una dinámica inaceptable que no debe ser pasada por alto con tanta laxitud y complicidad.

En tiempos del mayor despilfarro de toda la historia del país, se implementó un cuestionable mecanismo de distribución de recursos a las provincias al que luego se agregarían transferencias directas a los municipios amigos.

Lejos se está de aquella repudiable práctica. No obstante, algunas mañas enquistadas aún sobreviven y parecen ser parte indisoluble de un molde estructural que perdura por años y se perfecciona empeorándolo todo.

El favoritismo sigue completamente vigente, pero ahora sólo asume nuevos formatos más modernos pero igualmente criticables, respondiendo incluso a otras necesidades diferentes que propone la intrincada coyuntura política.

La evidencia dice que muchas provincias del Nordeste que hicieron las cosas muy mal dilapidaron sus recursos, aprovechando un desmedido apoyo económico y poniendo en riesgo la viabilidad de sus jurisdicciones.

No lo hicieron desde la ignorancia, sino que lo instrumentaron deliberadamente con el objetivo de arrasar en cada elección, meta que lograron en reiteradas ocasiones gracias al asistencialismo irresponsable.

Hoy en día, esos distritos no pueden ni siquiera pagar sus erogaciones de rutina. Los casos como los del Chaco, Formosa y Misiones no dejan margen alguno para otro tipo de tesis y se constituyen en pésimos ejemplos.

Un nuevo paradigma, muy objetable, hace que un Gobierno nacional sin mayoría parlamentaria negocie el envío de partidas especiales a cambio de los votos que precisa con premura para algunas leyes que considera vitales.

Más allá de que nieguen el uso del “toma y daca”, con sólo leer la nómina de parlamentarios “opositores” originarios de las provincias de la región que aprobaron normas estratégicas, alcanza para entenderlo todo.

Cuando Corrientes estaba políticamente en la vereda de enfrente, era relegada. Pese a ser más prolija que sus vecinos administrando la caja local, hoy, por motivos distintos, la Nación premia inmoralmente a los despilfarradores seriales y castiga a quienes fueron más prudentes.

En definitiva, el problema es el mismo, aunque con matices. La arbitrariedad con la que se asigna dinero estatal está intacta. Sólo han cambiado los interlocutores, y eso es grave porque muestra una matriz casi intocable. 

La dirigencia política en su conjunto, pero especialmente los legisladores nacionales, deberían tomar nota de esto y ocuparse de hacer propuestas muy puntuales para modificar las normas que facilitan estos atropellos.

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