"El artículo 4 del Pacto de San José es clarísimo. El artículo 19 del Código Civil es contundente. Dentro de los Derechos del Niño, la Argentina reservó la visión de la vida del niño desde la concepción hasta los 18 años. Todas las leyes vigentes que tenemos, y que poseen rango constitucional, van en ese sentido. Sumado a esto, dentro de las normas que no tienen ese nivel, se encuentra la protección de la madre a partir de la certificación de embarazo, que tiene que ser brindada por el Estado. Y la persona que supuestamente es el padre, también posee las obligaciones con respecto a ese menor por nacer y a la mujer", explicó Mayans a este diario.

"La ley que tuvo media sanción en Diputados es inconstitucional por donde se mire. No respeta los pactos internacionales a los cuales el país está adherido y no deroga las normas vigentes referidas a la protección del niño por nacer. Quienes defienden el proyecto afirman que lo que se engendra no es una persona, sino simplemente un feto, que adquiere el grado de persona en forma progresiva. Para nosotros, es persona a partir de la concepción", agregó.

"Las leyes vigentes obligan a proteger a esa persona que está adquiriendo su forma hasta llegar al desarrollo pleno de la persona. Para los especialistas, los tres primeros meses son fundamentales para ese proceso. Estamos con posiciones que son muy encontradas. Es la primera vez que la Argentina legislará para autorizar a un tercero a quitarle la vida a otro sujeto. No podemos hacer una interpretación 'torcida' de la Constitución, mencionando los derechos de las mujeres y que no tiene que haber discriminación, para luego darle a una mujer la potestad de decidir sobre la vida de otro", añadió el legislador.

Jóvenes

"Yo estuve en las marchas a favor del aborto, y la mayoría de los manifestantes eran pibes. Muchos de ellos no tienen la información necesaria y no saben lo que es un aborto. Nuestra falla está en la formación que deben tener los jóvenes desde la adolescencia, la Educación Sexual", subrayó el senador.

A continuación, Mayans aclaró que está a favor de reducir la pena para aquellas mujeres que deciden abortar. "Hay que graduar la penalización, porque el Estado debe contener y no oprimir. En este aspecto, tiene que haber una visión de mayor razonabilidad con respecto a las penas que figuran en el Código Penal. No creo que la mujer que llegue a esa circunstancia merezca ir a la cárcel", indicó.

A su vez, el senador por el PJ cuestionó que la ley IVE incluya aborto libre y gratuito, y que fije una lista "estigmatizante" de los objetores de conciencia y de sus familias. "Nosotros proponemos que se arme una lista con aquellos profesiones que estén dispuestos a realizar la práctica, y no con quienes prefieren no hacerla; y que se proponga la gratuidad del aborto representa un mensaje muy malo para la juventud, porque estamos hablando de un ser humano y de una vida. Asimismo, no dicen, por ejemplo, de dónde las provincias van a sacar los fondos para solventar los procedimientos. Y no existe clínica en el mundo que pueda garantizar que esa práctica sea segura", acotó.

"La ley sancionada en Diputados traerá un cuestionamiento terrible. Es inconstitucional e inaplicable, porque hay varios lugares que no tienen profesionales que lleven adelante esas prácticas. Existe una controversia muy fuerte en este tema", remarcó.